El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, se ha defendido este martes en declaraciones a los medios sobre la querella interpuesta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas al alcalde y también al teniente alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, por presuntas irregularidades en la contratación de la primera edición de Navilan, la primera Feria de Navidad de Arrecife, celebrada entre 2023 y 2024, el Carnaval de Arrecife de 2024 y la Feria de Abril de 2024.
El alcalde ha dicho que "no voy a cesar en el intento de transformar la ciudad muy a pesar de las denuncias políticas", afirmando que "ya hemos demostrado que uno de los abogados del Partido Socialista estaba detrás de esta denuncia".
Además, ha asegurado que "algunos partidos políticos quieren paralizar la Administración, paralizar Arrecife y quieren volver a lo que teníamos anteriormente, pero ya les digo que no, que tenemos proyectos, ganas e ideas para seguir trabajando por esta ciudad".
Así, ha apuntado que desde el Ayuntamiento de Arrecife están colaborando con la Justicia y "hemos puesto a disposición toda la documentación". Por su parte, ha señalado que cuando la jueza les llame a declarar, lo harán "con total transparencia".
"Ya tenemos precedentes en este ayuntamiento, con alcaldes que han estado durante doce y quince años que han sido absueltos y concejales que han estado en la misma situación, así como el senador Pedro San Ginés, que ha estado quince años investigado y ha salido absuelto", ha resaltado.
"Hay denuncias que son políticas y tratan de hacer daño, pero ya les digo que no van a paralizar la gestión que estamos haciendo en este Ayuntamiento", ha finalizado.
"Una forma reiterada de actuar"
En un escrito dirigido al Juzgado, el Ministerio Público ha asegurado que "existen indicios racionales" de que las irregularidades detectadas en la contratación de eventos en Arrecife no serían "episodios aislados" sino "una forma reiterada de actuar". Al tiempo en que resalta que se podría haber incurrido en delitos penales contra la Administración Pública.
Entre ellos, baraja la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, otro de fraude a la Administración, un delito de malversación de caudales públicos y la posibilidad de ampliarlo a otros delitos que puedan detectarse durante la instrucción judicial.
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