El marido de María Isabel Déniz, José Domingo Abreut, y la mujer de Dimas Martín, Elena Martín, tuvieron que comparecer el pasado viernes en el Juzgado Número 5 de Arrecife, para responder como "partícipes a título lucrativo" en una de las principales piezas del caso Unión. Y es que tanto la juez instructora como la Fiscalía consideran que ambos se beneficiaron de las comisiones ilegales que presuntamente recibieron sus parejas de Urbaser y de Fomento Construcciones y Contratas.
En el auto que puso fin a la instrucción de esa pieza, la juez Silvia Muñoz ya señalaba a Abreut, ordenando que "compareciera" en las actuaciones. Después, el fiscal anticorrupción, Luis del Río, solicitó la misma medida para Elena Martín, que fue aceptada por la juez. En el caso de la mujer de Dimas, la Fiscalía apuntaba a dos ingresos "injustificados" en su cuenta, sin que conste quién los realizó, por valor de 6.000 euros cada uno.
Así, la magistrada acordó que ambos fueran citados a declarar dentro de esta pieza, en la que tendrán que responder como responsables civiles. La instrucción de esta parte del caso Unión se cerró el pasado mes de marzo, con el auto que ordenó seguir el trámite de procedimiento abreviado. Ahora, además de estas últimas diligencias, solo falta que se presenten los escritos de acusación, para ordenar la apertura de juicio oral. Junto a María Isabel Déniz y Dimas Martín, en esta pieza están imputadas otras 15 personas, incluyendo a políticos, técnicos y directivos de Urbaser y de FCC.
"Nadie debe enriquecerse" por hechos delictivos
En cuanto a las parejas de María Isabel Déniz y Dimas Martín, no deberán responder de los delitos que se investigan en esta pieza, ya que no consta que los conocieran, pero sí del beneficio económico que presuntamente obtuvieron. "Nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita", señalaba la juez Silvia Muñoz en su auto, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Y es que según establece el Código Penal, "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación". Por eso, ambos han tenido que designar abogado y procurador al pasar a ser parte en la causa.
En el caso de José Domingo Abreut, la juez señalaba en su auto que deberá responder "de aquellos regalos y comisiones" presuntamente recibidos por Isabel Déniz, y de los que él "habría disfrutado o se habría beneficiado, solo o en compañía de otros miembros de la unidad familiar". Además de regalos personales, como "relojes, joyas y bolsos" de lujo, la ex alcaldesa de Arrecife habría recibido presuntas comisiones en forma de viajes que disfrutó con su marido y con otras personas (incluyendo uno a Kenia pagado presuntamente por Urbaser y otro a Marruecos abonado por FCC), así como de distintos pagos en metálico, con los que se habría "incrementado" el patrimonio familiar, entre otras cosas con la adquisición de inmuebles.
Según la instrucción, ese patrimonio del matrimonio habría aumentado en más de 400.000 euros durante el periodo en el que Déniz fue alcaldesa de Arrecife. Y también obtuvo otros supuestos beneficios, como el de una asistenta en su casa pagada por Urbaser. Además, el matrimonio tenía hasta 8 vehículos, cuatro de los cuales se adquirieron entre 2001 y 2006, pagando por ellos "al menos 86.667 euros". Y también hay ingresos en efectivo en sus cuentas con dinero de origen desconocido. Concretamente, en mayo de 2006 Isabel Déniz hizo un ingreso de 80.000 euros en la cuenta común del matrimonio, en billetes de 500, 200 y 100 euros.
Fianzas millonarias
En el auto en el que puso fin a la instrucción de esta pieza, la juez Silvia Muñoz exigió a María Isabel Déniz que depositara una fianza por valor de casi 1,8 millones de euros, para responder por las cantidades que tendrá que abonar en caso de condena. En cuanto a Dimas Martín, en esta pieza le reclamó una fianza de 240.000 euros. Ambos están imputados por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada. A esto, Déniz suma además falsedad documental y blanqueo de capitales.
Según la instrucción, la ex alcaldesa de Arrecife y el líder histórico del PIL habrían recibido comisiones ilegales de Urbaser, primero por la adjudicación presuntamente fraudulenta del contrato de limpieza y recogida de basura de la ciudad, y después por posteriores revisiones de precios en beneficio de la empresa.
El otro eje de esta pieza de Unión se centra en la adjudicación de la obra del pabellón deportivo de Argana a FCC. Por un lado, esta empresa pagó un viaje por valor de más de 17.000 euros a María Isabel Déniz y varios miembros de su familia, incluidos su marido y su hermana Carolina Déniz, que es juez y fue viceconsejera de Justicia de Canarias. Por otro, el proyecto de esa obra ejecutada por FCC fue realizado por Gamma Instal, una empresa de la que era socio el entonces jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, junto al técnico del Cabildo Manuel Jesús Spínola.
El propio Arrocha fue el encargado después de informar favorablemente desde el Ayuntamiento. Según el sumario, su empresa recibió un pago de 130.000 euros por elaborar el proyecto y, además, Arrocha "cobró en abril de 2005 la cantidad de 30.000 euros por informar favorablemente". Actualmente, el pabellón deportivo de Argana está cerrado. La instalación se clausuró hace más de tres años, a la espera de acometer obras para resolver las deficiencias detectadas en la instalación.
