Dos denuncias distintas, en dos islas diferentes. Dos investigaciones paralelas de Fiscalía que se cruzaron, y que tenían al menos un nexo común: el interventor Carlos Sáenz. Así comenzó la nueva operación que esta semana ha estallado en Lanzarote y Fuerteventura, y que investiga presuntos delitos de malversación de caudales, prevaricación, falsificación de documentos públicos en varias instituciones, así como de cohecho y blanqueo de capitales.
En Lanzarote, el eje central está en el Ayuntamiento de Arrecife, donde las investigaciones comenzaron con una denuncia anónima, que al parecer fue presentada por un trabajador del Consistorio. En ella, advirtió al fiscal de varios pagos presuntamente irregulares, sobre los que aportaba datos muy concretos.
En Fuerteventura, la Fiscalía ya seguía para entonces la pista a otro caso, vinculado al Ayuntamiento de La Oliva. En ese consistorio, se investigaban presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los tributos municipales. Y ahí surgió el nombre de Carlos Sáenz, que fue interventor de ese ayuntamiento majorero hasta el año 2008. Entre otras cosas, pudo contribuir para, presuntamente, evadir el pago de impuestos correspondientes a las propiedades de varios empresarios.
Cuando esa investigación seguía su curso en Fuerteventura, la otra denuncia llegó a la Fiscalía de Arrecife. Y uno de los ejes centrales era de nuevo Carlos Sáenz, que desde hace años es interventor en el Ayuntamiento de Arrecife, y también de los consistorios de San Bartolomé y Teguise. Ahí, los fiscales de ambas islas empezaron a trabajar juntos. Y aunque habrá dos causas judiciales diferentes, que ya han sido asignadas a un juzgado de Lanzarote y otro de Fuerteventura, ambas se han llevado a cabo de forma coordinada.
De hecho, la operación policial arrancó en paralelo en ambas islas el pasado martes. En Lanzarote, con tres detenciones y varios registros. En Fuerteventura, con una visita de los agentes al Ayuntamiento de La Oliva, donde pasaron toda la mañana y buena parte de la tarde, reclamando distintos expedientes.
Al día siguiente, en Fuerteventura, era detenido el otro supuesto nexo entre las dos islas, el empresario José Montesinos. A través de la empresa Progestril S.L, gestionó durante años el cobro de tributos para los ayuntamientos de San Bartolomé y La Oliva.
Cobros y contratos
Inicialmente, en Lanzarote la investigación giraba fundamentalmente sobre el pago de facturas bajo sospecha en el Ayuntamiento de Arrecife, pero después se empezaron a rastrear también posibles hechos similares a los detectados en Fuerteventura, en relación a la gestión de tributos. Y ahí fue donde se llegó al Ayuntamiento de San Bartolomé, en el que aparecían también los nombres de Carlos Sáenz, como interventor, y de José Montesinos, como responsable del cobro de tributos.
Los hechos que se investigan en San Bartolomé están centrados fundamentalmente en la legislatura 2003-2007, aunque también podría abarcar algún año más Durante esa legislatura, Javier Betancort fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Un cargo que asumió en 2004, reemplazando a Cándido Reguera, que había estado al frente de esa Concejalía desde el año 2003 hasta julio de 2004.
Varios años después, cuando cambiaron los grupos de gobierno en San Bartolomé y La Oliva, y Carlos Sáenz había dejado de ser interventor en el ayuntamiento majorero (abandonó ese cargo en 2008), la empresa de Montesinos llegó a demandar a los alcaldes de ambos consistorios, reclamando cantidades que supuestamente se le adeudaban, pero que estas instituciones no reconocían.
Pagos por trabajos supuestamente no realizados
En cuanto al Ayuntamiento de Arrecife, los hechos que se investigan son más recientes, y se han rastreado sobre todo facturas que se abonaron entre los años 2008 y 2011 y que, supuestamente, no deberían haber pasado el filtro de Intervención, que es quien debe fiscalizar y dar luz verde a los pagos que realizan desde el ayuntamiento. Durante ese periodo, ha habido tres grupos de gobierno en la capital lanzaroteña. El primero bajo la Alcaldía de Enrique Pérez Parrilla, con José Miguel Rodríguez (PIL) como concejal de Hacienda, y los dos segundos con Cándido Reguera como alcalde.
Entre otras cosas, se investigan pagos por trabajos que supuestamente no llegaron a realizarse, y que podrían estar relacionados con la elaboración de pliegos de concursos, además de otros contratos y facturas que están bajo sospecha, y que ahora serán analizadas, dentro de la documentación que se ha recabado tras la intervención policial del pasado martes, y que podría dar lugar a nuevas imputaciones.
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