El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión, dirigida por Marci Acuña, ha formalizado la contratación del Servicio Ordinario de Intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE), una medida que permitirá garantizar la accesibilidad a los servicios públicos y ofrecer una atención más inclusiva para las personas sordas y sordociegas de Lanzarote y La Graciosa.
La puesta en marcha de este servicio supone además un cambio en el modelo de gestión, ya que será prestado directamente por el Cabildo de Lanzarote, consolidando así una línea de trabajo estable dentro de la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión de Lanzarote y La Graciosa 2024-2030.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subraya que “la accesibilidad no puede depender de actuaciones puntuales, sino de servicios permanentes que garanticen derechos en igualdad de condiciones”. En este sentido, añade que “esta contratación permite avanzar hacia una administración más cercana y preparada para atender la diversidad de la población de Lanzarote y La Graciosa”.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, destaca que “la incorporación de este servicio ordinario de ILSE representa un paso importante para eliminar barreras de comunicación que siguen condicionando la autonomía de muchas personas sordas y sordociegas”.
Asimismo, señala que “el objetivo es facilitar el acceso directo a gestiones esenciales del día a día, garantizando que cualquier persona pueda desenvolverse con normalidad en ámbitos básicos de su vida personal, sanitaria, laboral o administrativa”.
El Servicio Ordinario de ILSE permitirá prestar apoyo en gestiones burocráticas y administrativas, consultas sanitarias, hospitalizaciones, reuniones laborales, trámites jurídicos o cuestiones personales, mediante interpretación presencial, telefónica, online y por videollamada. Podrá solicitarse a través del correo electrónico signalanz@gmail.com y del teléfono 696 63 90 02.
La contratación de este servicio responde además al cumplimiento de la normativa estatal vigente en materia de accesibilidad y no discriminación, especialmente la Ley 27/2007, de reconocimiento de las lenguas de signos españolas y apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, así como el Real Decreto 674/2023, que obliga a las administraciones públicas a facilitar recursos que permitan garantizar el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación.
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