El Cabildo de Lanzarote ha enviado un comunicado para explicar que la Unión Europea le ha notificado que las quejas presentadas por las administraciones canarias en contra de las prospecciones petrolíferas están "siendo evaluadas en tiempo y forma", "respetando los protocolos establecidos en la legislación comunitaria".
En un escrito dirigido al Cabildo de Lanzarote, el gabinete de interrelaciones institucionales de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea ha trasladado una actualización del proceso en el que se encuentras inmersas estas quejas. En este escrito, según el Cabildo, no sólo se confirma la aceptación efectiva de las denuncias, sino también que las autoridades europeas analizarán la legalidad del proyecto petrolífero en Canarias. Así, determinarán el grado de compatibilidad o de incumplimiento sobre distintas directivas comunitarias vigentes.
De esta manera, desde el Cabildo han querido dejar claro "que la UE no ha rechazado estas quejas, tal y como se había asegurado en algún medio de comunicación", donde se afirma que Bruselas no apreciaba que los sondeos vulneraran la ley. La Unión Europea ha recibido centenares de quejas sobre este asunto, incluyendo las del Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, grupos políticos del arco parlamentario europeo como Los Verdes, organizaciones internacionales de defensa ambiental, así como otras muchas entidades, asociaciones y personas físicas de toda Europa.
De hecho, la decisión de la Comisión Europea de difundir el tratamiento de estas quejas a través del Diario Oficial de la Unión Europea (C183/04, del 26.06.2012) fue resultado, tal y como indica su propio texto, del "elevado número de denuncias recibidas".
La autorización, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo (547/2012), permite a la compañía Repsol, a la alemana RWE y a la petrolífera australiana Woodside, a iniciar sondeos y catas de perforación para explotar yacimientos de hidrocarburos en una superficie oceánica de 616.000 hectáreas situadas entre 9 y 60 kilómetros de las playas lanzaroteñas y majoreras. Además de las quejas europeas en el ámbito del derecho comunitario, siete organismos diferentes están ya personados en el Tribunal Supremo para recurrir mediante recursos contencioso-administrativos el Real Decreto aprobado en marzo.
"Somos conscientes de que el proceso será largo, pero por eso mismo vamos a trabajar cada día con más fuerza, más iniciativas, sumando apoyos en todo el mundo", ha señalado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.
