"La instrucción da indicios de que la decisión delictiva (del presunto intento de estafa a la Agencia Tributaria) fue tomada por el señor Juan Francisco Rosa Marrero". Eso es lo que sostiene la juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, en un auto en el que acepta sobreseer las actuaciones contra la otra persona que estaba imputada en la causa por este delito, Rosa María Rosa Martín.
La imputación de Rosa Martín se produjo en febrero de 2014, ya que era la presidenta y consejera delegada mancomunada de la sociedad Hotel Princesa Yaiza SL cuando se produjo ese presunto intento de estafa. Concretamente, para responder a una deuda con Hacienda, el hotel Princesa Yaiza presentó como garantía hipotecaria una finca donde supuestamente se ubicaba Stratvs, pero que carece de valor porque realmente la bodega no se encuentra ahí.
La propia Agencia Tributaria remitió un informe al Juzgado en el que sostiene que se intentó de forma consciente engañar a Hacienda con esta operación, ofreciendo como garantía una parcela con un valor que nada tenía que ver con el declarado. De hecho, hace unos meses, la Abogacía del Estado se personó en la causa como parte perjudicada.
Como máxima responsable de la sociedad Princesa Yaiza SL, Rosa María Rosa fue llamada a declarar como imputada hace diez meses y, tras investigar su presunta participación en los hechos, la juez concluye que "no existen indicios suficientes que permitan sostener con la razonabilidad necesaria" que "tuvo el dominio del hecho y poder de decisión en el ofrecimiento" de esa finca a la Agencia Tributaria. Todo ello, eso sí, "sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que como presidenta del Consejo de Administración, pudieran recaer sobre Rosa María Rosa Martín por los mismos hechos, en otra jurisdicción que no sea la penal", aclara la juez.
"Insuficiencia probatoria"
En su auto, fechado el pasado 16 de diciembre, Silvia Muñoz hace referencia a la "insuficiencia probatoria" para mantener la imputación contra Rosa María Rosa, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial, al no poder acreditar que fuera consciente de ese intento de engaño a la Agencia Tributaria, del que la juez responsabiliza directamente a Juan Francisco Rosa.
Por un lado, en el auto recuerda el vínculo familiar que une a ambos y, sobre todo, subraya que la instrucción ha constatado el "poder de decisión" que tiene Rosa en la sociedad del Princesa Yaiza, de la que es consejero, pese a que él no sea el presidente. La propia Rosa María Rosa, al pedir el archivo de su imputación, aportó documentos que reflejan que Juan Francisco Rosa realiza actuaciones en nombre de esa sociedad, y lo mismo afirmaron dos miembros del Consejo de Administración que fueron citados a declarar como testigos.
Además, la finca que se puso como garantía, donde supuestamente se ubica la bodega, pertenece a otra empresa familiar, BTL Lanzarote, de la que sí es administrador único Juan Francisco Rosa. Por todo ello, la juez considera "razonable" que "hubiera sido el señor Rosa" quien "hubiera tenido el poder de decisión" en el "ofrecimiento fraudulento". Y es que las diligencias practicadas han confirmado que tenía potestad para adoptar esa decisión y para actuar como administrador del Hotel Princesa Yaiza SL, por lo que la participación de Rosa María Rosa no hubiera sido "necesaria", ni tampoco ha podido acreditarse que conociera el supuesto engaño.
Antonio Lorenzo, también desimputado
En la recta final del caso Stratvs, la juez también ha aceptado la solicitud de otro imputado, el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y ha sobreseído provisionalmente las actuaciones contra él. En este caso, casi terminada ya la instrucción, la juez señala que existe una "impotencia probatoria" para mantener la acusación contra Lorenzo.
El jefe de la Oficina Técnica fue imputado por su presunta participación en la concesión de la licencia de actividad clasificada a Stratvs en el año 2008 por parte del Ayuntamiento. Junto a él estaban imputados otros técnicos y todos los concejales que participaron en la Junta de Gobierno en la que se adoptó esa decisión. Sin embargo, no se ha podido acreditar que Lorenzo participara en esa reunión y por tanto diera su visto bueno como técnico.
Al respecto, la juez señala que los concejales y la alcaldesa (que sí continúan imputados) "ofrecieron declaraciones contradictorias" sobre si Antonio Lorenzo estuvo o no presente en esa Junta de Gobierno. A diferencia del resto, su presencia no consta acreditada en el acta de la sesión y, además, el secretario de Yaiza emitió un certificado en el que sostiene que Antonio Lorenzo estaba disfrutando en esas fechas de un periodo vacacional.
La causa continúa así, a punto de entrar en la recta final, con casi una veintena de imputados, ya que la juez ha rechazado otras solicitudes de sobreseimiento. Además de Juan Francisco Rosa, en el procedimiento están imputados el arquitecto que diseñó la bodega, así como políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, incluyendo a la alcaldesa, y técnicos del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias.
