REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

La Ponencia inicia hoy su recta final afrontando los asuntos que bloquean el cierre del texto

Alfredo Belda (CC) anuncia que presentarán oficialmente su postura sobre la reforma del sistema electoral y que a partir de ahí, "depende del PSOE que se cierre el dictamen"

13 de octubre de 2005 (12:07 CET)

ACN

Aunque da la impresión de que el encuentro partirá desde el mismo punto muerto en que se quedó en la última reunión, los partidos políticos confían en que un solo acontecimiento -la puesta sobre la mesa de una propuesta de reforma electoral por parte de Coalición Canaria- puede servir de punta de lanza para desbloquear la situación.

Así lo transmitió ayer el diputado socialista y miembro de la Ponencia Santiago Pérez, para quien la propuesta nacionalista, hecha pública el pasado lunes, aporta las condiciones necesarias "para entrar a fondo" en ese tema, esencial para el PSC, que sigue manteniendo que si no hay acuerdo sobre esto, "no será posible un acuerdo en el Estatuto de Autonomía". El portavoz del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, opina, igualmente, que si no se aborda hoy, no se podrá retrasar más allá del siguiente encuentro. Alertó de que la falta de un consenso en esta materia "puede llevar al fracaso todo el trabajo de la Ponencia", ya que coinciden con el PSC en que es "absolutamente necesario" un consenso al respecto "que no deje al margen a ningún partido".

Para disipar las dudas de PP y PSC, el diputado de Coalición Canaria (CC) confirmó que hoy presentarán oficialmente su propuesta de reforma del sistema electoral canario, que se abordará sobre la marcha o se dejará para la siguiente cita, en función de que exista un posicionamiento claro por parte de todos que posibilite el debate sobre bases concretas. Consideró la iniciativa nacionalista como un paso adelante en la satisfacción de la demanda al respecto que vienen reclamando los socialistas y, en ese sentido, aseguró que esperan, «como contrapartida» una manifestación de compromiso seria por parte de la Ejecutiva Federal del PSOE o de «representantes autorizados» del partido a nivel nacional acerca del nivel competencial que están dispuestos a dar a la comunidad autónoma. Esta muestra debería darse en una reunión o mediante un pronunciamiento público, pero siempre desde Madrid para darles garantías suficientes de que «va a salir», porque sino, nos arriesgaríamos a «las rebajas del tío Paco», explicó gráficamente. «No vamos a aceptar que el PSC se comprometa aquí a algo que no van a respetar el Madrid», por lo que no les basta con su palabra.

No coincide esta demanda con el planteamiento que tienen los socialistas de cómo deben transcurrir las negociaciones. Así, Santiago Pérez defendió la independencia de la postura de los socialistas canarios con respecto a la dirección del partido en Madrid y aseguró que la que defenderán en la fijación de la ampliación del autogobierno se basará, únicamente, en "no rebasar el límite constitucional y responder a las necesidades de Canarias". Su apuesta es que este proceso no se solape con la necesaria negociación paralela con el Estado -que no con el PSOE a nivel nacional- sobre la cesión de competencias estatales.

Canje de cromos

En medio de este tira y afloja, los populares critican precisamente que CC y PSC «estén canjeando cromos y convirtiendo lo que debe ser una carta de convivencia con miras de futuro en una pugna partidaria puntual y cuanto menos reprobable». En esta línea, demandó de las dos formaciones que encaren el proyecto con «altura de miras y sentido de Estado» y no negó que advierte voluntad de intentar llegar a un acuerdo, a pesar de todo. «Tenemos una oportunidad de oro para hacer las cosas bien y si no se puede, lo mejor es dejarlo y retomarlo, aunque quede pendiente para otra Legislatura», defendió, ya que «estamos hablando de una Ley que formará parte del ordenamiento jurídico español y que pretende representar a los ciudadanos de varias generaciones».

Con otras prioridades temporales y pese a que la «señal» de los socialistas debe ser, según el planteamiento de Belda, anterior a la firma del dictamen de la Ponencia, se mostró optimista en cuanto a los plazos y estimó que el trabajo puede entrar en la Cámara regional este mismo mes.

Listado de competencias

Tampoco fue bien recibida por socialistas y populares la demanda hecha pública el lunes por el presidente de CC, Paulino Rivero, de que, aunque la transferencia de las competencias exclusivas del Estado que se pacte otorgar a Canarias se haga mediante una Ley Orgánica paralela, dicha relación quede plasmada de forma explícita en el texto. Santiago Pérez no considera que tenga sentido, ya que no tendría «valor jurídico", al ser imposible que el traspaso se haga a través del Estatuto, pero añadió que no van a hacer "caballo de batalla en cosas no esenciales".

Así, "si CC se empeña en que aparezcan en el texto, aunque no se vayan a asumir a través del Estatuto, se negociará". Jorge Rodríguez se manifestó en similares términos, posicionándose en contra de que se intente «condicionar los poderes del Estado» y a favor de una negociación previa, que se materializaría a través de la mencionada Ley de Transferencias. Por ello, no considera «adecuado ni lógico» incluir en un texto «con vocación de validez a 25 años algo que va a cambiar a corto plazo, aunque se mencione sin condicionar».

Partir de cero en la reforma electoral

Volviendo a la reforma electoral, que los nacionalistas vinculan a un acuerdo en firme sobre competencias, Pérez no quiso pronunciarse sobre posibles fórmulas intermedias que encajen las dispares propuestas de cada partido, ni siquiera las que ya se tocaron en el mes de julio. "Esas se las ha llevado el viento", dijo, en referencia a que se partirá de cero, una vez que todos hayan aportado su apuesta de forma concisa. La de los socialistas: una rebaja "muy sustancial" de los topes porcentuales de acceso a la Cámara y una circunscripción autonómica, similar a grandes rasgos con la pretensión del Partido Popular. La de Coalición Canaria, sin embargo, no puede ser más diferente: reforzamiento numérico -en un total de nueve diputados- de las actuales circunscripciones insulares -sin lista regional- y rebaja simbólica de los topes. El acuerdo parece a priori imposible, pero será necesario para avanzar en el proceso de reforma estatutario.

Pérez sostiene que las reticencias nacionalistas a la circunscripción autonómica -"indispensable para ahondar en la democracia"- se deben a que "no les permite esconder el candidato a la Presidencia en las islas donde no tiene simpatía ni decir una cosa diferente en cada sitio", que ha venido siendo su táctica electoral, dijo. "No se puede hablar de Canarias, tierra única y después negarse a la mejor forma de hacer región", que, a su juicio, es la lista autonómica.

La versión de Rodríguez es más explícita. Tildó la propuesta emanada de la Comisión Permanente de CC como una «tomadura de pelo» que supone «perpetuar el sistema actual para perpetuarse en el poder», lo que, evidentemente, no le «satisface ni me convence». La idea es, a su juicio, el resultado de «lo que les han dejado hacer sus organizaciones insulares».

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