La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha lanzado una nueva campaña estatal para exigir una nueva Ley reguladora del Derecho a la Vivienda que "cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional". La PAH de Lanzarote ha presentado la campaña ‘Exigencias PAH’ señalando que es "una interpelación directa a los partidos" de cara a las próximas elecciones generales, para que concreten esas medidas en una nueva ley. Entre esos mínimos, incluyen un apartado sobre los derechos de los inquilinos o, "en el sentido de la dignidad", otro sobre la garantía de los suministros (como agua y luz) para los hogares en "mayor situación de vulnerabilidad". También incorporan alusiones a los "castigos" relacionados con el derecho a la vivienda.
Esa "interpelación directa" de la PAH a las formaciones políticas incluye una advertencia: "Les damos un plazo hasta que haya finalizado el mes de octubre. La PAH hará público y señalará a aquellos partidos que no nos hagan llegar su contrapropuesta o cuyas medidas no cumplan con la mayoría de estos requisitos de mínimos", exponen en un comunicado. Para la Plataforma, esta campaña es una "manera de llevar a la sociedad y a los partidos políticos toda la complejidad de un problema que no se reduce únicamente a las hipotecas".
Así, en su propuesta incluyen las peticiones recopiladas en 2013 bajo la Iniciativa Legislativa Popular, también un "desarrollo de las demandas sobre alquiler social" y la "ampliación del parque de vivienda pública mediante los pisos que mantienen vacíos los grandes tenedores de vivienda, como los bancos rescatados y la SAREB".
Medias "cubiertas por la Declaración Universal de Derechos Humanos"
"Se trata, insistimos, de medidas de mínimos que hemos tratado de resumir y de simplificar para posibilitar una respuesta rápida por parte de los legisladores", señala la PAH. Así, incide en que todas sus propuestas están "cubiertas por La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales". Ambos documentos, recalcan, "reconocen ‘el derecho de todos a un nivel de vida adecuado para ellos y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda’".
Los mínimos de la PAH contemplan también "cuestiones de orden penal muy relacionadas con el derecho a la vivienda". Así, aluden a "las multas por oponerse a los desahucios o la despenalización del delito de usurpación". Para la PAH, éstos son "castigos que en ausencia de un derecho efectivo a la vivienda condenan aún más a la exclusión social a miles de personas en el Estado español".
Entre esas medidas, piden además que se modifique la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de incluir la "dación en pago retroactiva" y la "condonación de la deuda". Solicitan también la eliminación "automática" por parte de las entidades bancarias de las cláusulas hipotecarias "declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE".
Piden también un alquiler "estable y asequible", para lo que proponen que se regule "a favor de la parte más débil de los contratos", los inquilinos. Entre otras, piden medidas como alargar el plazo mínimo de duración del alquiler, "como mínimo hasta los 5 años" o que se produzca una prórroga "inmediata" del contrato cuando el inquilino pertenezca a un colectivo "especialmente vulnerable". Esa prolongación será "obligada" si el propietario del inmueble es un banco o un "gran propietario" de viviendas.
Un observatorio de la vivienda con funciones más que consultivas
Además de un amplio paquete de sugerencias para lograr una "vivienda accesible" mediante la "movilización de vivienda vacía y alquiler social" o la "garantía" de suministros, la PAH propone la creación de un observatorio de la vivienda. "Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil" y se encargaría de "investigar y analizar la situación de la vivienda en España", explican. Así, entre sus funciones, haría censos periódicos de hogares vacíos, seguimiento de las políticas públicas o informes. Además, sus capacidades serían "no sólo consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuestas legislativa".
"El debate público sobre los desahucios debe estar a la altura no sólo del problema sino de la propia atención y alarma que estos han generado entre la población y los medios", reivindica la PAH. Su comunicado subraya especialmente que, mientras los desahucios se encuentran "en los debates de las distintas convocatorias electorales", "la situación real en torno al acceso efectivo a la vivienda afecta a más y más sectores de la población". "Este agravamiento ha ido acompañado por una continua proliferación de PAH's locales cuyo número hoy en día llega a más de 230 nodos de organización de base, frente a la carencia de políticas efectivas en materia de vivienda".
