La modificación del Plan Especial de La Geria volverá a ir a Pleno por cuarta vez este jueves y lo hará con un informe jurídico prácticamente idéntico al que ya existía (que no estaba elaborado por una persona habilitada para ello y además era insuficiente, según advirtió el secretario del Cabildo), y con otro redactado por una funcionaria en prácticas, que entró hace unos meses en la Corporación para cubrir una plaza de arquitecto de forma interina y aún está en el periodo previo de prueba.
Fue hace más de siete meses cuando la oposición puso sobre la mesa la ausencia de informes elaborados por funcionarios o empleados públicos del Cabildo en ese expediente. El único que existía había sido emitido por el director insular de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, que es un cargo de designación política. Eso fue lo que motivó que la modificación del Plan quedara sobre la mesa la tercera vez que fue a Pleno, al preguntarle al secretario, Pancho Perdomo, si los consejeros "podrían incurrir en algún delito penal por la aprobación de esa modificación" sin otros informes. Durante la sesión, Perdomo afirmó que no estaba obligado a responder "in voce" y que no lo tenía "muy claro".
Unas semanas después, tras la petición formal de la oposición, el secretario presentó un informe escrito en el que concluía que, efectivamente, era necesario un nuevo dictamen "emitido por un funcionario o empleado público que goce de la condición de fijo en la plantilla de personal de la institución". Además, advertía de que el informe de Santana no sólo no era válido por su autor, sino también porque estaba incompleto.
"Se limita a exponer cuál debe ser la tramitación legal del expediente y a proponer un cronograma, pero no entra a valorar ni estudiar si el documento que regula la modificación se ajusta específicamente a la legislación y normativa vigente de igual o superior rango", señalaba el secretario, después de que la modificación se hubiera llevado tres veces a Pleno con ese único informe.
Dos informes de cuatro folios
Ahora, casi siete meses después, San Ginés ha entregado a la oposición un informe casi idéntico al que ya existía, aunque más breve (éste tiene cuatro folios y el anterior cinco), elaborado de nuevo por Miguel Ángel Santana. La diferencia es que esta vez lo asume también la jurista Eugenia Torres, que pone su firma al final del documento, aunque lo realizó y lo firma el director insular de Política Territorial.
Además, se ha aportado un segundo informe, en este caso técnico, fechado el pasado 20 de noviembre y redactado por una funcionaria en prácticas de la institución, Mercedes Fuentes Perdomo. En este dictamen, también de menos de cuatro folios, se enumeran (sin profundizar en ellos) los cambios que se pretenden introducir en el Plan de La Geria aprobado en julio de 2014 y se concluye que ni los cambios ni el artículo original del Plan son "incompatibles" (o "en principio" no lo son) con el Plan Insular.
Esta conclusión discrepa con las expresadas por la jurista Joana Macías y por el ex jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, que en sendos informes no incorporados a este expediente (uno de ellos fue elaborado dentro del caso Stratvs y el otro fue solicitado por Pedro San Ginés para intentar rebatir el dictamen de Macías), sostienen que este Plan Especial "no puede implantar equipamientos estructurantes" (que es la categoría que se ha dado a las bodegas en ese Plan), ya que "sólo el Plan Insular de Ordenación tiene habilitación legal para hacerlo". En opinión de ambos juristas, éste es uno de los vicios de "nulidad radical" del Plan aprobado por el Gobierno de Canarias en 2014, sobre el que ahora se pretende aprobar una modificación para aumentar aún más la superficie que se autoriza construir a las bodegas.
De hecho, los principales cambios que se quieren introducir pasan por aumentar la altura que se permite a las bodegas y la edificabilidad (es decir, la superficie que se puede construir en función del suelo del que disponga el promotor), así como añadir una nueva bodega al listado de instalaciones recogidas como equipamientos estructurantes en el Plan.
Otro informe con doble firma
Al igual que ha sucedido con el informe del Miguel Ángel Santana, al informe técnico también se ha añadido una segunda firma. Después de que se plantearan reparos al hecho de que fuera elaborado por una trabajadora que está en prácticas (cuando supere ese periodo de prueba de seis meses, se determinará si es apta o no para cubrir de forma interina la plaza), finalmente el informe ha sido firmado también por otro técnico del Cabildo, Gustavo Navarro, que no elaboró el dictamen pero ha puesto su rúbrica bajo la de Mercedes Fuentes.
Esta fórmula de que un funcionario o trabajador del Cabildo avale con su firma un informe elaborado por un tercero ya ha sido utilizada en otras ocasiones recientes. Por ejemplo, con uno de los contrainformes que San Ginés encargó tras el dictamen de Joana Macías sobre la bodega Stratvs y el Plan de La Geria (lo elaboró la jurista Delia Fernández, sobrina de Felipe Fernández Camero, y fue rubricado también por Eugenia Torres).
También ocurrió con la incautación de la desaladora de Montaña Roja, donde el único informe que avalaba esta medida se emitió a posteriori y fue elaborado por el abogado externo Ignacio Calatayud, aunque al final también estampó su firma el secretario del Cabildo, Pancho Perdomo. Actualmente, tanto Calatayud como Perdomo están imputados en la causa abierta por esa incautación, junto a Pedro San Ginés y los que eran gerentes del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas.
Al Pleno extraordinario convocado para la tarde del próximo jueves, en el que se debatirá la aprobación de la modificación del Plan de La Geria, no está previsto que acuda Pancho Perdomo, ya que el secretario lleva varias semanas de baja.
