La Mesa Social por el Agua de Lanzarote ha solicitado al Cabildo que "haga defensa de los intereses públicos y mantenga la nulidad del contrato con la UTE Edam-Janubio", ya que consideran que continuando con la vía judicial abierta en la anterior legislatura se puede evitar el pago del laudo que condenó a la empresa pública de aguas.
Por eso, y ante la vista oral prevista para el 10 de diciembre en la Audiencia Provincial, donde se determinará la validez o no del contrato firmado en su momento para la construcción de la desaladora del sur, la Mesa Social insiste en que hay que seguir adelante y renunciar al acuerdo extrajudicial que Inalsa había alcanzado con la UTE, comprometiéndose a pagarle 2,5 millones de euros.
Esta mesa social, compuesta por el Comité de empresa de Inalsa, los ayuntamientos de Haría y Tinajo y otros representantes políticos, sociales y ecologistas, defiende el modelo público unitario e insular de la gestión del agua y el mantenimiento de Inalsa como ente público e instrumental, calificándolo como "vital para el desarrollo de Lanzarote, siendo este un sector estratégico para los intereses de los ciudadanos y empresarios de la isla", posicionándose en contra de cualquier tipo de privatización que pueda sufrir la empresa pública, bien por la financiación de las obras con la modalidad de créditos a empresas privadas (lo que supondría una privatización vía embargos, dada la incapacidad de afrontar la deuda) o mediante el acuerdo extrajudicial con la UTE.
Desde la propia Mesa Social del Agua se apela también al Consorcio del Agua de Lanzarote, Cabildo, ayuntamientos e Inalsa, para que mantengan la nulidad del contrato con la UTE, que según el propio Consorcio y el Consejo Consultivo de Canarias es nulo de pleno derecho.
"Hasta ahora los tribunales han dado la razón a Inalsa en su argumentación. Por ello, confiando en la justicia, consideramos que la empresa quedaría liberada de pagar más de 12 millones de euros por la ejecución del laudo", declaran desde la Mesa SocialPor el Agua de Lanzarote.
