La mesa político-técnica de de Actividades Clasificas de Canarias, en la que están presentes los consejeros de los siete cabildos insulares, se ha reunido este lunes en Lanzarote para analizar las propuestas para la modificación de la Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.
La tramitación y ejecución de multas y sanciones ha centrado la atención en el que ha sido el tercer encuentro entre técnicos y políticos. "Tanto en estas materias como en el resto que tienen que ver con las actividades clasificadas, tenemos que analizar cada articulado de la ley y llegar a acuerdos para conseguir, tal y como se nos exige desde Europa, abreviar los procedimientos y tramitaciones para que todo sea más ágil y menos engorroso", ha indicado Lourdes Bernal, consejera de Actividades Clasificas del Cabildo de Lanzarote.
El objetivo de la mesa es debatir y proponer aquellos aspectos que deben ser modificados, tal y como lo dictó la Unión Europea (UE) en el año 2006, llegando a puntos comunes y a un consenso unánime por parte de todas las instituciones canarias.
RETOS Y ACUERDOS, UN AÑO DE PLAZO
Y es por este motivo por el que "estamos consiguiendo importantes avances y llegando a acuerdos sobre los procedimientos para licencias de obras, clasificación de espacios o subrogaciones de competencias de los ayuntamientos a los cabildos, por ejemplo", ha explicado Bernal momentos antes de reunirse con sus compañeros y lamentando la ausencia de gran parte de sus homólogos canarios "por la apretada agenda de esta semana":
"Tenemos en cuenta las voces y opiniones de los ayuntamientos, y son sus propuestas las que también debatimos en la mesa, porque de lo que se trata es que el consenso sea real y unánime", ha recalcado la consejera de Lanzarote. Y es que Canarias, al igual que el resto de comunidades de los países miembro de la Unión Europea, tiene de plazo hasta el próximo año para adaptarse a la directiva remitida desde la UE en el año 2006.
Cuando técnicos y políticos lleguen al objetivo, deberán redactar un documento y enviárselo al Gobierno de Canarias, que lo pondrá en manos de la UE para que ésta de su visto bueno.
ACN Press
