La primera fase de la Operación "Unión" ya había puesto de relieve la "particular" relación que el Partido de Independientes de Lanzarote mantenía con la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de limpieza y de la recogida de basura de Arrecife. En la declaración que el ex concejal del PIL, Ubaldo Becerra, realizó ante el juez tras ser detenido el 25 de mayo de 2009, además de confesar haber cobrado sobornos, puso también sobre la mesa otros temas vinculados con el partido y con su líder, Dimas Martín.
En concreto, aseguró que otro de sus compañeros de filas en el Ayuntamiento, Antonio Machín, había llevado a "las oficinas de Dimas en Los Molinos y en Costa Teguise" el "pliego de condiciones de Urbaser". Y es que según la declaración de Becerra, era una de las empresas a las que Dimas había dado instrucciones de "dar caña", dentro de esa presunta trama organizada para el cobro de sobornos, que incluía presiones y favores a determinadas empresas y que, según la investigación, orquestaba Dimas Martín, imputado entre otras cosas por asociación ilícita, al igual que otros cargos del PIL.
Ahora, la tercera fase de la Operación "Unión", bautizada como Operación "Jable", podría reflejar que los contactos con Urbaser al margen de los cauces puramente propios de la administración podrían haber empezado mucho antes. Al menos, desde la etapa en la que el Ayuntamiento firmó, siendo alcaldesa María Isabel Déniz, el contrato con esta empresa.
Presuntos sobornos
La propia Déniz, además de dos directivos de Urbaser, fueron detenidos ellunes 19 de abril, y todos ellos están imputados por presuntos delitos de cohecho. Es decir, supuestos sobornos, que se remontarían a los tiempos de la Alcaldía de Isabel Déniz, siendo integrante del PIL.
De los detenidos en relación con ese contrato, sólo Stephani Jean Balverde, que fue arrestado en Madrid, salió en libertad, aunque imputado por un delito de cohecho y otro de alteración de concurso público. Tanto el gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, que habría confesado ante el juez algunos de los hechos que se le imputan, como María Isabel Déniz, fueron enviados a prisión provisional, al igual que el que era jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha.
Los responsables de la investigación consideran que desde la empresa pudieron pagar sobornos para, presuntamente, "amañar" la adjudicación del servicio y hacerse con el contrato pero, además, está bajo sospecha la subida anual en el precio que cobraba Urbaser. Una subida que, cada año, debía ser avalada por el propio Rafael Arrocha
El pasado 15 de febrero, el interventor del Consistorio señaló en una Comisión de Hacienda que el pliego de condiciones del contrato firmado entre el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Urbaser, en la época en que era alcaldesa María Isabel Déniz, es "bastante perjudicial para el Ayuntamiento". Urbaser cobra de las arcas municipales unos seis millones de euros al año y, según destacaba la pasada semana ACN Press, cada doce meses el contrato aumenta más de 300.000 euros.
