El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ante una denuncia formulada por una vecina de la localidad de Uga, debido a los impedimentos puestos por Ayuntamiento para que levantara un muro de cerramiento en una finca de su propiedad.
La denunciante acusaba a Reyes de los supuestos delitos de prevaricación, desobediencia a una autoridad judicial y coacciones, resultando el alcalde absuelto de todas esas acusaciones, según la resolución judicial del pasado 27 de abril y dada a conocer este lunes por el Ayuntamiento de Yaiza.
El inicio del conflicto entre la vecina de Uga y el alcalde se remonta a 1999, cuando el 17 de noviembre de ese año, el Ayuntamiento sureño le concedió una licencia municipal de obra para el amurallamiento de la parcela situada en la calle Montaña de Guardilama, 12, pero una semana después la licencia habría sido revocada, puesto que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Yaiza establecía la creación de una calle en el lindero sur de esa finca, y el muro en cuestión invadiría dicho vial.
La propietaria de la finca, tras una larga "batalla" judicial y administrativa contra el decreto municipal que estableció la caducidad de la licencia, inició no obstante la construcción del amurallamiento, pero el 7 de junio de 2005, la Policía precintó las obras, tras varias notificaciones de la infracción que presuntamente estaba cometiendo, incluida una en persona del alcalde, que le habría dicho "no se le ocurra construir el muro".
La vecina presentó entonces una denuncia contra el alcalde entendiendo que esa afirmación suponía una coacción, y que la paralización de las obras implicaba además un acto de prevaricación -sostiene que todo se hizo para favorecer a un allegado a Reyes- y otro de desobediencia a la autoridad judicial, que había notificado en un momento de la disputa entre las partes que las obras podían seguir.
La Justicia, no obstante, ha desestimado todas esas denuncias, dando por tanto razón al alcalde. En el caso de la supuesta prevaricación, la sentencia judicial señala que "no se observa en ninguna de las resoluciones adoptadas por el alcalde indicios bastantes de que se hayan dictado injusta o arbitrariamente (...) ni con abuso de poder".
En cuanto a la supuesta desobediencia a una autoridad judicial, la sentencia señala que el Ayuntamiento no incumplió con lo establecido en una sentencia anterior en torno a este mismo tema, de mayo de 2005, desde el momento en que fue notificado, el 19 de junio de ese mismo mes.
Por último, en relación a la denuncia por presuntas coacciones, la Justicia entiende que la frase "no se le ocurra construir el muro" expresada por el alcalde "sólo podría calificarse como falta", a la vez que destaca que la misma "ha prescrito".
Por ello, se ha decretado el sobreseimiento provisional de esta causa y su archivo, aunque esta sentencia puede ser recurrida o apelada.
El Grupo de Gobierno de Yaiza considera que el alcalde ha sido víctima de "una persecución política", según había señalado el teniente de alcalde y edil de Urbanismo de ese municipio, José Antonio Rodríguez, quien además subrayó que esta causa "fue instruida en una primera parte, como abogada, en su proceso contencioso administrativo, por la ahora edil del PIL en la Corporación de Yaiza [Gladys Acuña], y posteriormente, la vía penal fue impulsada por su compañera de despacho".
