La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado este lunes el auto por el que se inhibe en el caso Stratvs, que ahora pasará a manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El motivo está en la nueva condición de aforada de una de las acusadas, Gladys Acuña, que el pasado 23 de junio tomó posesión de su escaño como diputada del Parlamento de Canarias, por lo que sólo puede ser juzgada e investigada por el TSJC.
Seis días después de que Acuña, que es también alcaldesa de Yaiza, jurara su cargo como parlamentaria regional, su defensa registró un escrito en el Juzgado que instruye el caso Stratvs, interesando su inhibición y el traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ese momento, tanto la Fiscalía como el Juzgado se dirigieron al Parlamento de Canarias para que certificara de forma oficial su condición de diputada.
Además, desde ese día (29 de junio), la juez acordó suspender el plazo para la presentación de los escritos de defensa, que ya debería haber terminado pero se extenderá por este cambio de competencias en la causa. Ahora, tras recibir el certificado del Parlamento y el escrito del Ministerio Fiscal señalando también que procede esa inhibición, la juez ha dictado este lunes el auto adoptando esta medida.
Retraso en una causa que estaba a punto de ir a juicio
No obstante, la causa no se remitirá a la Sala de lo Penal del TSJC hasta que el auto sea firme, ya que contra la resolución aún cabe recurso y, además, el nuevo Tribunal también debe dictar un auto asumiendo la causa. Sólo estos trámites generan ya un retraso en un procedimiento que estaba prácticamente listo para ir a juicio, con los escritos de acusación ya presentados y sólo a falta de los escritos de defensa y de resolver los últimos recursos.
Aunque sólo uno de los acusados ostente la condición de aforado, esto implica que la causa completa (en la que hay 17 acusados) debe pasar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tanto para la instrucción como para la celebración del juicio. En este caso, sin embargo, se da la circunstancia de que la instrucción ya había concluido, con lo que la labor del TSJC, en principio, debería ceñirse prácticamente sólo a la celebración de la vista oral.
En cuanto al Ministerio Fiscal, en teoría el traslado del procedimiento también implicaría un cambio, ya que el TSJC cuenta con sus propios fiscales. Sin embargo, dada la complejidad de esta causa, de la que ha estado a cargo desde su inicio el fiscal Ignacio Stampa, y que la instrucción ya está terminada, la Fiscalía podría habilitarle para representar al Ministerio Público en el juicio.
