La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife, Aurora García, ha levantado el secreto de sumario sobre una parte del caso Montecarlo, a la que ya pueden tener acceso los abogados de los imputados en la causa.
La decisión de la juez ha sido trasladada este miércoles a las partes, y afecta principalmente a la pieza relacionada con el Ayuntamiento de San Bartolomé. En ella, están imputados el interventor Carlos Sáenz y el empresario José Montesinos, ambos en prisión provisional, así como el ex alcalde del municipio, Miguel Martín, y los ex concejales de Hacienda Javier Betancort y Cándido Reguera.
Tanto Reguera como Carlos Sáenz están imputados también por su gestión en el Ayuntamiento de Arrecife, donde Cándido Reguera fue alcalde a finales de la pasada legislatura y principios de la actual. Esa parte de la causa se instruye en otras piezas, sobre las que continúa abierta la investigación.
Además de ellos, también están imputados el hasta este miércoles concejal de Hacienda de Arrecife, José Montelongo, el también ex edil de Hacienda, José Miguel Rodríguez, así como el abogado Federico Toledo, que prestó servicios tanto para el Ayuntamiento de Arrecife como para el de San Bartolomé.
Montecarlo en San Bartolomé
En San Bartolomé, la Operación "Montecarlo" investiga cobros presuntamente irregulares por parte de la empresa de José Montesinos, que se encargaba de la recaudación de tributos en el municipio. Tras cambiar el grupo de gobierno en el año 2007, el socialista Marcial Martín terminó con esta empresa, que incluso le denunció en los tribunales. Actualmente, el Ayuntamiento tiene abierto un pleito, en el que reclama a Montesinos cantidades que se quedó y que, supuestamente, no le corresponden.
Además de investigar ese contrato y los cobros que realizó esta empresa, la Operación "Montecarlo" también podría haber rastreado otras adjudicaciones y pagos en el municipio de San Bartolomé.
En cuanto al Ayuntamiento de Arrecife, que compartía interventor con San Bartolomé, se investigan contratos y pagos a distintas empresas, por facturas supuestamente "infladas" o incluso por trabajos presuntamente no realizados.
El principal delito que se investiga es el de malversación de caudales públicos, además de prevaricación. Además, algunos de los imputados también han sido investigados por cohecho.
