La juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha decidido que sean técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, adscritos a la Fiscalía General del Estado, quienes realicen el informe detallado sobre los daños que haya podido causar la construcción y actividad de la bodega, descartando así que este dictamen sea emitido por el Cabildo de Lanzarote.
En un auto fechado el pasado 12 de marzo, la juez acepta la solicitud planteada por la Fiscalía y evidencia que el Juzgado desconfía de la "imparcialidad" del Cabildo en este procedimiento. Al respecto, la juez señala que el consejero Francisco Fabelo, que es quien "ostenta las competencias en materia de informes de compatibilidad y sanciones en materia de medio ambiente desde el 19 de septiembre de 2013, a la sazón parece mantener relación laboral con BTL Lanzarote o don Juan Francisco Rosa como maestro quesero".
Al respecto, reproduce la información contenida en la propia página web de la bodega, en la que explica que la quesería Finca de Uga, propiedad también de Juan Francisco Rosa, "nació a finales del año 2006, promovida por Juan Francisco Rosa, impulsor del proyecto, quien contó para el mismo con Francisco Fabelo, veterinario y maestro quesero al frente del mismo".
Por eso, para "evitar posibles tachas en la práctica del informe", la juez acepta la solicitud del fiscal, Ignacio Stampa, y acuerda encargar ese informe a técnicos de Madrid, adscritos a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente.
Consejero clave en política territorial y medio ambiente
Fabelo es consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo y, además, desde septiembre de 2013 Pedro San Ginés delegó en él la Consejería de Medio Ambiente. Ese mismo mes, le designó para representar al Cabildo en varios órganos clave en materia de política territorial y de medio ambiente.
Concretamente, Francisco Fabelo es el encargado de representar a Lanzarote en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), en el Consejo Cartográfico de Canarias, en la Comisión Permanente del Patronato del Parque Nacional de Timanfaya y en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).
Además, también tiene un papel de representación en la comisión del acuerdo marco de colaboración suscrito entre el Consejo Superior de Investigación Científica y el Cabildo de Lanzarote y en el Patronato Insular de Espacios Protegidos; y representa al grupo de CC en las comisiones plenarias de política territorial, residuos sólidos y actividades clasificadas y medio ambiente.
Recelos también del Gobierno de Canarias
En el escrito en el que pedía que no se solicitaran informes al Cabildo sino al Ministerio de Medio Ambiente, el fiscal subrayaba también que Francisco Fabelo "fue invocado por Juan Francisco Rosa como testigo en beneficio de sus intereses en el acto de la diligencia judicial de inspección técnico-pericial llevada a cabo en febrero de 2013 en dichas instalaciones, para poner en duda la imparcialidad de la funcionaria del mismo Cabildo Joana Macías Fernández".
Además, el fiscal subrayaba que la Apmun, dependiente del Gobierno de Canarias, "ha mostrado su negativa a emitir un informe de tales características" y que "los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias están asumiendo la asistencia letrada de dos imputados", que trabajan para el Ejecutivo regional.
"Resulta imprescindible que se garantice la objetividad e imparcialidad de los autores de dicho informe técnico", subrayaba la Fiscalía en ese escrito, que ha sido atendido por la juez instructora de esta causa.
