LA FISCALÍA PIDE NUEVE AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA CADA UNO

La juez de Unión ordena abrir juicio oral contra Pérez Parrilla, Placeres y Becerra

La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para cada uno por un presunto delito de prevaricación, al permitir la apertura del teatro insular sin licencia y con informes que advertían de deficiencias en materia de seguridad, ?que podría dar motivo a grandes daños materiales y de vidas humanas??

Isabel Lusarreta
 La juez de Unión ordena abrir juicio oral contra Pérez Parrilla, Placeres y Becerra
La juez de Unión ordena abrir juicio oral contra Pérez Parrilla, Placeres y Becerra

El ex alcalde de Arrecife e histórico militante socialista, Enrique Pérez Parrilla, el ex concejal del PIL Ubaldo Becerra y el ex consejero de Cultura del Cabildo por el PSOE, Rubén Placeres, se sentarán en el banquillo de los acusados en otra de las piezas del caso Unión que ya está lista para ir a juicio. En un auto dictado el pasado 25 de febrero, la juez Silvia Muñoz acuerda la apertura de juicio oral contra los tres acusados en esta pieza, por la apertura del teatro insular. Los tres están acusados de presuntos delitos de prevaricación, porque autorizaron que el teatro empezara funcionar pese a que carecía de licencia y había hasta tres informes que advertían de deficiencias en materia de seguridad, emergencias y contra incendios.

En su escrito de acusación, elevado a principios de esta semana, la fiscal Laura Ordás pide nueve años de "inhabilitación especial para empleo o cargo público en administración local" para cada uno de los tres acusados. Actualmente, ninguno de ellos ocupa cargo público y están retirados de la política. En cualquier caso, la pena solicitada es casi la máxima que contempla el Código Penal, que castiga el delito de prevaricación ‘administrativa’ sólo con inhabilitación, de entre siete y diez años. El juicio se celebrará en Arrecife, en un Juzgado de lo Penal al que ahora se trasladarán las actuaciones, para que fije la fecha de la vista.

La fiscal acusa a Pérez Parrilla y a Ubaldo Becerra como autores de un delito de prevaricación (ya que permitieron que el teatro acogiera al menos dos conciertos pese a que no tenía licencia de apertura municipal y había informes negativos) y a Rubén Placeres como inductor de ese delito. Según la fiscal, el entonces consejero de Cultura del Cabildo, pese a que conocía los informes negativos que advertían de los problemas de seguridad en el teatro, “llamó de forma insistente por teléfono al acusado Ubaldo Becerra, influyendo de forma decisiva en la concesión de la licencia de apertura del teatro que le permitiese celebrar el concierto” que tenía programado.

 

Riesgo de “grandes daños materiales y vidas humanas”


El escrito de acusación recuerda que la obra del teatro fue recepcionada por el Cabildo el 1 de diciembre de 2008. Sin embargo, menos de dos meses después, un informe advirtió de las deficiencias que presentaba. La correduría de seguros AON, a través de la gerencia de riesgos, realizó una visita a las instalaciones y elaboró un informe el 22 de enero de 2009, advirtiendo de las “anomalías” que detectaron “en los sistemas de detección de incendios y de extinción, así como de señalización de evacuación”.

Según relata la fiscal, en ese informe “se hacía constar que las medidas de protección contra fuegos eran insuficientes y que ante un siniestro, podría dar motivo a grandes daños materiales y de vidas humanas”.

En lugar de exigir responsabilidades a la empresa constructora o corregir las deficiencias, ocho días después el Cabildo presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de concesión de una licencia provisional de apertura los días 4 y 13 de febrero, para dos conciertos que tenían programados.

En respuesta a esa solicitud, un técnico municipal emitió un nuevo informe negativo y el 4 de febrero, el Ayuntamiento acordó requerir al Cabildo “para que subsanase las deficiencias observadas, al no reunir las instalaciones las condiciones técnicas exigidas por la legislación vigente”. Ese mismo día, el teatro insular acogió su primer concierto, con la presunta connivencia del entonces alcalde y del teniente alcalde de Arrecife.

 

Informes negativos del propio Cabildo


Además de las advertencias de AON y de un técnico del Ayuntamiento, un tercer informe alertaba también de la situación. En este caso el firmante era Miguel Ángel Ferrer, “técnico del área de Educación y Cultura, que ejercía de hecho las funciones de director del teatro”. Ferrer, “ante las carencias que presentaba el edificio, comunicó por escrito al Cabildo su opinión de no realizar en el teatro ninguna actividad hasta que no se corrigiesen algunas deficiencias existentes, sobre todo a nivel de seguridad, evacuación, emergencia y contra incendios”.

Pese a todo ello, Rubén Placeres, según la fiscal, “sabedor del escrito de Miguel Ángel Ferrer y del informe negativo del técnico municipal, consciente de la existencia de deficiencias en el teatro y con grosero incumplimiento del procedimiento administrativo”, el día 4 de febrero de 2009 “llamó de forma insistente por teléfono al acusado Ubaldo Becerra, influyendo de forma decisiva en la concesión de la licencia de apertura del teatro que le permitiese celebrar el concierto programado”.

Fueron precisamente esas llamadas las que hicieron que este tema entrara en el caso Unión, ya que en ese momento la investigación de la UCO estaba en marcha y Becerra tenía el teléfono intervenido. Así, los agentes detectaron este presunto delito de prevaricación que ahora irá a juicio. Según sostiene la Fiscalía, Pérez Parrilla y Placeres terminaron autorizando por teléfono la apertura del teatro esa noche, “comprometiéndose a no enviar a la Policía Local para que realizase cualquier tipo de control al respecto y asumiendo con ello el riesgo de que se pudiera provocar alguna desgracia para los asistentes al evento”. Y todo ello, según la fiscal, pese a que conocían los informes negativos y las advertencias de los técnicos, y actuando “con omisión de las más elementales normas de tramitación previstas en la ley”. 

Así, el teatro acogió esa noche un concierto de Teresa Salgueiro (durante el cual “saltó la alarma de incendios”), “sin que el mismo dispusiese de licencia alguna de apertura”, y el 13 de febrero se celebró un nuevo concierto “en las mismas condiciones”.

 

Dos años cerrado


Tras el estallido de la operación Unión, con las primeras detenciones y la citación como imputados de Rubén Placeres y Enrique Pérez Parrilla, el Cabildo acordó el cierre del teatro en junio de 2009. Ese mismo mes pidió licencia de apertura al Ayuntamiento de Arrecife, pero ésta no fue concedida hasta casi dos años después, el 11 de abril de 2011.

Durante este tiempo, fue necesario acometer obras en el teatro, para resolver todas las deficiencias que habían detectado los técnicos, y que no se habían solventado en su momento. 

Así, en 2011 el teatro abrió sus puertas por tercera vez, y ya de forma definitiva. Cabe recordar que un año y medio antes incluso de la recepción de la obra, la instalación había acogido un acto de “inauguración”, al final del mandato de María Isabel Déniz. "Aunque el teatro fue inaugurado oficialmente por el anterior grupo de gobierno, fue un acto bastante rocambolesco al no estar finalizado completamente el edificio", declaró a finales de 2008 Rubén Placeres, tras recepcionar la obra y asegurar que ya no habría “más contratiempos”.

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