El ex alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, está obligado a acudir cada 15 días a los Juzgados de Arrecife. Así lo acordó el pasado 19 de junio la titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Aurora García, que decidió adoptar medidas cautelares tras la declaración de Cándido Reguera en la Operación "Montecarlo".
Aunque no había trascendido hasta ahora, la juez tomó esta decisión por la "gravedad de los delitos" que se le imputan. Cándido Reguera está imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación y alteración de precios en concursos.
El Código Penal contempla penas de tres a seis años de cárcel por el delito de malversación (las penas serían de cuatro a ocho años "si la malversación revistiera especial gravedad", por el "valor de las cantidades sustraídas" de dinero público). En cuanto a la alteración de concursos, puede suponer penas de uno a tres años de cárcel. La prevaricación, salvo que esté vinculada a delitos urbanísticos, no lleva aparejadas penas de cárcel, y se castiga con inhabilitación para empleo o cargo público de siete a diez años.
Más de seis horas en los Juzgados
Tras declarar en los Juzgados hace casi un mes, Cándido Reguera no quiso hacer declaraciones a los medios, ni tampoco confirmar los delitos por los que se le imputaba. "No puedo hacer ninguna declaración, porque las diligencias están bajo secreto", respondió entonces a La Voz.
Aunque su declaración duró cerca de cuatro horas, el ex alcalde permaneció en los Juzgados casi dos horas más, en las que al parecer se estaba dictando el auto en el que la juez impuso estas medidas cautelares.
Durante el interrogatorio, Cándido Reguera habría tenido que responder tanto por su gestión al frente de la Alcaldía de Arrecife, como por su etapa anterior en el Ayuntamiento de San Bartolomé, en el que ocupó la Concejalía de Hacienda. Presuntamente, en ambos Consistorios se malversaron fondos públicos, favoreciendo a varios empresarios. Se investigan facturas supuestamente fraudulentas o "infladas", pagos por servicios no realizados y adjudicaciones irregulares de contratos.
Uno de los empresarios supuestamente beneficiados, José Montesinos, está actualmente en prisión provisional por esta causa, al igual que el que era interventor municipal en ambos ayuntamientos, Carlos Sáenz.
Además, también hay otros políticos de ambos consistorios imputados en la Operación Montecarlo. De San Bartolomé, el ex alcalde, Miguel Martín, y el concejal que reemplazó a Reguera al frente del área de Hacienda en San Bartolomé, Javier Betancort, que fue detenido el pasado 22 de mayo y actualmente está en libertad con cargos. Además de su gestión al frente de área de Hacienda en San Bartolomé, también se estarían investigando los contratos y pagos que recibió Betancort del Ayuntamiento de Arrecife, a través de una sociedad, cuando Cándido Reguera estaba en la Alcaldía.
En cuanto al Ayuntamiento de Arrecife, también hay un ex alcalde (Cándido Reguera) y dos ex concejales de Hacienda imputados. El primero, José Miguel Rodríguez (PIL), que ya estaba imputado en el caso "Unión" y volvió a ser arrestado hace casi dos meses en la Operación "Montecarlo", quedando después en libertad con cargos. El segundo, José Montelongo (PSOE), que ha sido citado a declarar en los Juzgados el próximo 25 de julio. Actualmente, Montelongo sigue siendo responsable de Hacienda en Arrecife, aunque en alianza ahora con Coalición Canaria y Alternativa Ciudadana.
Hasta el momento hay al menos siete imputados en la Operación "Montecarlo", aunque la investigación continúa abierta y podrían darse nuevos pasos policiales o judiciales.
La denuncia
Esta investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía de Arrecife a finales de 2011, durante la Alcaldía de Cándido Reguera, advirtiendo de presuntos contratos y pagos irregulares a varias empresas. Aunque se presentó de forma anónima, esa denuncia partía de un trabajador del propio Consistorio, ya que aportaba datos muy concretos de los expedientes.
Después, esta investigación encontró puntos en común con otra abierta en Fuerteventura, en el Ayuntamiento de La Oliva. Con el trabajo coordinado de la Fiscalía en ambas islas y la labor de la Udef de la Policía Nacional, se llegó también al Ayuntamiento de San Bartolomé, donde los hechos corresponden a un periodo anterior, entre los años 2002 y 2007.
