El futuro de Stratvs, al menos en lo inmediato, se decidirá el próximo miércoles 18 de diciembre. Ésa es la fecha que ha fijado la titular del Juzgado de Instrucción Número 5, Silvia Muñoz, para reunir a todas las partes y adoptar una decisión sobre el posible cierre de la bodega.
La providencia de la juez, fechada el pasado jueves, surge a raíz de la solicitud planteada por la familia Negrín, que se ha personado en la causa como parte perjudicada, y ha solicitado el cierre de total de la bodega como medida cautelar, mientras continúa la instrucción de la causa penal abierta.
Tal como el pasado lunes adelantó La Voz de Lanzarote, los herederos de José Negrín Armas sostienen que son propietarios de una parte de la finca donde se levantó Stratvs, y donde se demolió una construcción preexistente, sin que ellos dieran ningún tipo de permiso ni autorización. Por eso, acusan al empresario Juan Francisco Rosa de un delito de usurpación de bien inmueble, además de otros que ya se investigaban en la causa, como prevaricación administrativa, falsedad ante la Agencia Tributaria y delitos contra la Ordenación del Territorio, contra el Patrimonio Histórico y contra el Medio Ambiente.
En su providencia, la juez acuerda la apertura de una pieza separada de medida cautelar y ordena convocar a las partes para el día 18 a las 10 de la mañana, "en orden a resolver sobre la medida interesada".
Pendiente de cierre desde hace meses
Hasta ahora, la causa penal abierta por la construcción de la bodega, que suma casi una veintena de imputados, ha provocado el cierre del restaurante, aunque en ese caso la medida fue adoptada por el propio Ayuntamiento de Yaiza.
Tanto la actual alcaldesa, Gladys Acuña, como otros ediles y técnicos del Consistorio están imputados en este procedimiento. Durante su declaración en los Juzgados el pasado mes de julio, Acuña alegó que desconocía la situación de ilegalidad de la bodega, a la que le concedió la licencia de actividad en el año 2008, y la juez llegó a plantearle qué pensaba hacer ahora al respecto.
Tras abrir un expediente, el Ayuntamiento terminó ordenando hace tres meses el cierre del restaurante, al constatar que no contaba con ningún tipo de licencia. En cuanto al resto de la instalación, hasta la fecha no se han adoptado medidas. El pasado mes de octubre, el Consistorio trasladó a la propiedad la propuesta de cierre también de la bodega y de la tienda. En ese momento, la alcaldesa explicó a La Voz que la empresa tenía un plazo de alegaciones que terminó en la segunda quincena de octubre, pero más de un mes después no consta que se haya resuelto definitivamente ese expediente y la bodega continúa abierta y organizando además eventos casi todos los fines de semana.
Un proyecto "falsamente ejecutado"
La investigación judicial sostiene que la bodega recibió licencias ilegales (por lo que hay políticos y técnicos imputados); pero también que lo construido ni siquiera tiene que ver con lo que se había autorizado "indebidamente".
Así lo sostienen diversos informes técnicos que obran en la causa, tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, que explican que lo que se pidió fue licencia para rehabilitar una construcción preexistente, que tenía valor etnográfico, y lo que se hizo fue derribarla y realizar una edificación mayor. Además, señalan que donde debería ir la bodega levantaron un restaurante (careciendo de permiso para ello), y que la bodega se construyó en otra zona no autorizada, y ocupando casi el doble de lo que había solicitado.
Incluso, un informe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias advierte de que existe un "alto grado de contaminación" en "el sanitario de baños y lavado de la bodega, que sobrepasan de una manera increíble los límites establecidos", "filtrándose dicha contaminación al terreno de cultivo".
Por todo ello, uno de los herederos de José Negrín pidió la pasada semana el cierre cautelar de la bodega basándose en "la protección de la ordenación del territorio y del medio ambiente y la restauración del equilibrio perturbado, previniendo con ello la continuidad de la actividad delictiva y los efectos de la misma". Además, reclamaba esta medida como parte afectada, por ser dueño de una parte de la finca, "ante posibles responsabilidades civiles o indemnizatorias por hechos delictivos ocurridos en nuestra propiedad, pidiendo con ello tutela judicial ante lo ocurrido".
