La Fundación César Manrique (FCM) solicitó a la sección segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado mes de diciembre la ejecución forzosa de la sentencia por la que se anuló la licencia concedida a la sociedad Aparcamientos Parque Islas Canarias para construir dicho aparcamiento, que se encuentra abierto al público desde el año 2002.
El 23 de noviembre pasado, el secretario judicial de dicha Sala emitió una diligencia por la que señalaba que no se habían realizado alegaciones por parte de los demandados (Ayuntamiento de Arrecife y Promotora Parque Islas Canarias) y se les daba cinco días para presentar alegaciones sobre cómo ejecutar la sentencia.
Esa diligencia es el paso previo a que la magistrada ponente de la sentencia resuelva sobre el incumplimiento de la misma y la adopción de multas coercitivas que podrían ir desde los 150 a los 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado.
El proceso judicial
Hay que recordar que el TSJC dictó en marzo de 2006 una sentencia firme anulando la licencia para construir al aparcamiento, que se había anulado en primera instancia en marzo de 2002. Después el Tribunal Supremo desestimó en noviembre de 2007 el recurso de casación de la sociedad, compuesta por el propio Ayuntamiento y los propietarios del Arrecife Gran Hotel.
En febrero de 2008, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento acordó manifestar a la Sala la imposibilidad material y legal de ejecutar la sentencia y también se desestimó esta solicitud. En octubre de ese año se interpuso recurso de súplica y en enero de 2009 se volvió a desestimar.
La FCM pide en su escrito que se incorpore el correspondiente incidente de ejecución y se adopten todas las medidas que se deriven de la naturaleza y alcance del fallo hasta la completa restauración del orden jurídico protegido, así como la imposición de la multa coercitiva solicitada.
Respecto a las multas a imponer, la FCM deja a criterio de la Sala la cuantía y el modo de hacer efectivo su cumplimiento y señala que no renuncia al derecho de interesar nuevas responsabilidades patrimoniales o a la deducción de testimonio para exigir responsabilidades penales en caso de no cumplimentarse el requerimiento efectuado.
La licencia del aparcamiento fue concedida por la ex alcaldesa María Isabel Déniz. El ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, también lo era de la sociedad mixta público-privada y por este caso fue destituido como secretario por incompatibilidad. La sociedad promotora del aparcamiento también realizó las obras del parque en la superficie, que aún no están entregadas al Ayuntamiento porque reclama una deuda de más de dos millones de euros al Consistorio a pesar de que no se ejecutó el proyecto en su totalidad.
ACN Press
