"El anteproyecto impulsado por Fernando Clavijo supone una amenaza de primer orden para la economía, la ordenación del territorio, el paisaje y los recursos naturales de Canarias". Con esta contundencia se ha sumado este miércoles la Fundación César Manrique a las voces que se oponen al anteproyecto de Ley de Suelo regional. A juicio de la Fundación, la iniciativa "hace tabla rasa con la cultura legislativa del territorio acumulada en Canarias durante los últimos lustros y se constituirá en un instrumento que fomentará la especulación y el desarrollismo desenfrenado". Así, adelanta que presentará "un amplio documento de alegaciones" dentro del plazo legal previsto.
"La FCM reclama al Gobierno que retire el anteproyecto y siente las bases de una nueva propuesta sobre un proceso participativo previo y sobre la cultura del territorio acumulada, a partir de la consideración del suelo como un bien común y no como una mercancía. Asimismo, la FCM hace un llamamiento a la sociedad civil para que exprese su rechazo y se movilice en contra de este anteproyecto de Ley del Suelo extremista y descabellado", defiende la Fundación en un comunicado. La entidad cree la norma que tendrá efectos "demoledores" para el territorio y los recursos naturales de las islas.
"El Gobierno de Canarias ha optado por un modelo legislativo extremista en materia de gestión del suelo, que abandona el principio de cohesión territorial en beneficio de las competencias municipales y arroja a los municipios a una difícil encrucijada, en particular a sus oficinas de urbanismo. Sin duda, del anteproyecto derivará en un aumento de la conflictividad jurídica y cierra la puerta a cualquier posibilidad de equilibrio entre desarrollo urbanístico, actividad económica y protección del medio", lamenta la Fundación en el comunicado que ha remitido a la prensa.
La eliminación ‘de facto’ de la COTMAC, una "decisión alarmante"
Así, considera que el anteproyecto de Ley del Suelo, "tal y como hoy lo conocemos, supone un ataque en toda regla a la mermada racionalidad urbanística de las Islas, acaba con cualquier esperanza de futuro sostenible y pone el suelo en manos de la iniciativa privada y los promotores, para quienes se legisla a la carta, asumiendo una concepción rancia de la economía". "En este sentido, la eliminación de facto de la COTMAC resulta, además de una declaración de intenciones, una decisión alarmante, por cuanto relaja los controles y fomenta la inseguridad jurídica", agregan.
La FCM argumenta su posición de rechazo en un documento en el que desgrana los aspectos del anteproyecto a los que se opone, criticando el "portazo a la cultura social y legislativa sobre el territorio" o la "desatención a las tendencias globales en asuntos clave para Canarias". Además, sostiene que se trata de una ley "muy ideológica y a la vez tecnocrática, que contenta a las patronales y pone en riesgo el bien común".
