La FCM se basa en el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de impulsar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en la que podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados ilegales por los tribunales", precisa esta institución lanzaroteña sin ánimo de lucro.
En este contexto, la Fundación recuerda que las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias "han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la FCM y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise".
Desde la institución se han interpuesto 23 recursos contencioso-administrativos, de los que 14 tienen sentencia firme favorable, anulando unas 6.000 camas. "Del resto de recursos", subraya la FCM, "se cuenta ya con un fallo en primera instancia sobre el Plan Parcial Playa Blanca, que anuló otras 4.500 camas".
Según este órgano, ese escenario "está creando una inestabilidad política,
social y económica poco deseable que, sin duda, es necesario solventar en el marco de la ley y depurándose las responsabilidades que se deriven de la gravísima situación urbanística que se ha generado".
EXIGENCIAS
Por ello, la FCM entiende que la Ley de Medidas Urgentes "supondría un cambio radical de rumbo" en cuanto al modelo turístico y conllevaría un retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico, "que acarrearía graves consecuencias".
Además, la FCM cree que se trataría de "una decisión guiada por el cortoplacismo", ya que "se pretende crear una norma para unos pocos privilegiados, demostrando claramente que no se legisla de la misma
manera para todos los ciudadanos".
En tercer lugar, la Fundación considera que se generaría "una política injusta y, por otro, acrecentar desgraciadamente la desconfianza" hacia las instituciones públicas y sus gestores, al margen de "una burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos".
Además de rechazar las declaraciones del consejero Domingo Berriel en ese sentido, la FCM declara "completamente inaceptable" un fundamento legal que "deja desamparadas a las administraciones públicas e instituciones que han
interpuesto los recursos, pero sobre todo a los ciudadanos y empresarios que han
cumplido la ley".
ACN Press
