Las alegaciones presentadas por la Fundación César Manrique al Plan General Supletorio de Yaiza no sólo cuestionan las vías que abre este documento para legalizar "sin coste alguno para los infractores" los hoteles ilegales de Playa Blanca, sino también el "sistema de control" que se ha propuesto para velar por el cumplimiento de este nuevo Plan.
"En el Plan Supletorio se determina que la Oficina Técnica del Ayuntamiento y sus servicios jurídicos se ocupen del mecanismo de control para la adaptación al PGO de los establecimientos turísticos existentes", señala la Fundación, que considera que "esta salida resulta inaceptable".
Al respecto, la FCM recuerda que "algunos de los técnicos municipales más significados en relación con la tramitación urbanística se encuentran encausados en procedimientos penales en curso por supuestas irregularidades cometidas, precisamente, en asuntos de ordenación territorial y urbanística, según los informes de Fiscalía, en casos relacionados con la concesión de licencias como las que vendría a legalizar el Plan Supletorio".
Imputaciones y condenas
La Fundación se refiere así al último escrito hecho público por la Fiscalía General del Estado, que ha dado por finalizada la instrucción del caso Reyes, pidiendo que doce personas se sienten en el banquillo de los acusados. Y entre ellas, además del ex alcalde José Francisco Reyes, se encuentran el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y otro aparejador municipal, Alfredo Morales.
Todos ellos están imputados por presuntos delitos de prevaricación urbanística, relacionados con la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, mientras que Reyes está acusado también de haber cobrado presuntos sobornos por conceder esas licencias.
En el caso de Vicente Bartolomé Fuentes, en esta causa también está imputado por malversación de caudales públicos. Además, tiene ya a sus espaldas dos condenas en primera instancia por prevaricación urbanística, aunque hasta el momento continúa en su cargo, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el recurso que presentó.
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