La expresa explotadora del parking Islas Canarias ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contra el decreto de cierre del aparcamiento, que firmó el lunes 31 de octubre el alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, según ha confirmado él mismo.
Mediante este decreto, el Consistorio daba a la empresa explotadora 10 días hábiles para clausurar las instalaciones. Así, y teniendo en cuenta que la empresa fue notificada el miércoles 2 de noviembre, el plazo máximo para el cierre del aparcamiento cumple este miércoles día 16.
Sin embargo, a través de este recurso, la empresa solicita al TSJC que se anule el decreto de cierre de las instalaciones. La empresa, según ha confirmado el alcalde de Arrecife, Cándido Reguera, también se ha dirigido al Ayuntamiento reclamando que se aplace el decreto, hasta que haya una respuesta del TSJC."Habrá que preguntarle al TSJC a ver qué se puede hacer. EL TSJC es quien ha pedido que se ejecute la sentencia. Ya se ha ejecutado y ahora habrá que esperar a ver qué dice", ha señalado Reguera.
Decreto
El decreto firmado por Cándido Reguera daba respuesta al requerimiento del TSJC, que el pasado 19 de octubre dio 10 días al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia que declaró ilegal este parking. Así, el alcalde ordenó el cierre de las instalaciones, así como el cese de la actividad, y se declaró ilegalizable parte del parking Islas Canarias.
En concreto, un total de 3.188 metros cuadrados, que se encuentran sobre el subsuelo del vial de la Avenida de la Mancomunidad. Asimismo, mediante el decreto, también se ordenó el "tapiado perimetral de toda esta superficie", así como el cierre y tapiado de la salida de vehículos que se ubica junto al Casino Club Naútico de Arrecife.
En cuanto al resto del aparcamiento, el Ayuntamiento entiende que es legalizable y se ha dirigido a la Dirección General de Costas para que se pronuncie sobre"la vigencia de la concesión sobre la pieza del suelo". Y es que hay que recordar que este suelo estaba antes bajo el control de la Autoridad Portuaria pero, desde principios de este año, ha pasado a ser dominio público marítimo terrestre.
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