La UTE que gestiona el Complejo Ambiental de Zonzamas ha procedido al pago de las nóminas de los trabajadores del pasado mes de noviembre, por lo que declaran que "no hay causa que justifique el paro anunciado para el 9 de diciembre".
Además, la dirección de Canarias de Limpieza Urbana (Clusa), ante las diversas informaciones publicadas en los últimos días, ha manifestado que "con anterioridad al mes de noviembre, se ha procedido al pago de la nómina de los meses de agosto, septiembre y octubre, así como los derivados del funcionamiento del Complejo Ambiental de Zonzamas, que fueron asumidos después de que las empresas Danigal y Daorje, que constituyeron la UTE que gestiona Zonzamas con Clusa, fueran vendidas a la empresa de capital riesgo Inverland Pajares S.L vulnerándose los estatutos de la UTE".
Desde Clusa consideran que "la venta de las empresas de carácter familiar Danigal y Daorje a la empresa de capital riesgo ha modificado radicalmente las relaciones existentes dentro de la UTE, lo que ha causado que Clusa haya emprendido las acciones previstas en los estatutos de la UTE con el fin de que se haga cumplir el artículo 21.2 de los Estatutos que contempla la exclusión automática de la UTE por venta de las empresas integrantes a terceros".
Clusa, perteneciente al Grupo CAS, de capital íntegramente canario, ha declarado que "tiene una plena vocación de permanencia y de servicio en el ámbito de la gestión medioambiental en Lanzarote y en Canarias demostrada durante cuatro décadas, por lo que ha rechazado la venta de su participación en la UTE del Complejo Ambiental de Zonzamas y ha ofertado la compra de la totalidad de las participaciones en la UTE, lo que constituye la única causa de las diferencias con las empresas citadas y cuya solución se ha planteado ante las instancias correspondientes".
Tras el ultimatum que esta semana daba la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, advirtiendo que si en dos semanas no se resolvían los problemas de la UTE les retiraría la concesión, la dirección de Clusa sostiene que ha informado de la situación a los órganos competentes del Cabildo de Lanzarote y defiende desde un principio "una solución en el ámbito de los asuntos civiles que preserve en todo caso el interés general del correcto funcionamiento de la recogida y tratamiento de los residuos en Lanzarote".
