La Dirección Insular de Coalición Canaria ha salido al paso de la polémica interna abierta por la elección de compromisarios de cara al Congreso insular, y ha restado valor al [informe emitido por el Gabinete Jurídico del partid0->74051]. Ese informe, que da la razón a los planteamientos realizados por el sector que apoya la candidatura de Inés Rojas, "fue emitido precipitadamente", según la dirección del partido en Lanzarote.
Incluso, sostiene que ese informe se realizó "desde el desconocimiento de la versión oficial de cómo ha sido el proceso, en la medida en que la Dirección nacional no ha solicitado ni actas de las Asambleas, ni informe al respecto de las Secretarías de Organización de los respectivos Comités, de la Secretaría insular o de sus respectivas Presidencias, careciendo por tanto de elementos imprescindibles en el procedimiento para emitir un pronunciamiento certero y justo".
En un comunicado, la dirección insular de CC defiende que la asambleade elección de compromisarios de Arrecife fue "correcta y jurídicamente impecable". Sin embargo, en lo que respecta a la asamblea de San Bartolomé, los dirigentes del partido en Lanzarote se limitan a señalar que "se está a la espera de adoptar una decisión, a la vista del análisis del informe emitido por la Dirección nacional".
En el informe del Gabinete Jurídico del partido, se sostiene que los acuerdos adoptados en esa asamblea contravienen las normas internas Coalición Canaria, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y hasta la Constitución, ya que se impidió votar a una de las listas que se presentaron, alegando que estaba incompleta.
Una "premisa falsa"
En cuanto a Arrecife, el informe también considera que el acuerdo adoptado "no es válido", porque no se respetó el principio de proporcionalidad, y se asignaron todos los compromisarios a la lista más votada, en lugar de repartirlos entre ambas planchas, en función de los votos obtenidos por cada una.
Sobre este punto, la dirección insular de CC sostiene que el Gabinete Jurídico del partido parte de una "premisa falsa", "inducida por la consulta del afiliado" que planteó esta reclamación ante los órganos nacionales del partido. Según la insular, realmente no existieron dos candidaturas cerradas, sino "listas abiertas", "sin que ésta sea una decisión que competa a los órganos nacionales en ningún caso, sino a las organizaciones en su ámbito local".
En este punto, se remiten al informe del Gabinete Jurídico, que explica que "si se opta por un sistema de listas cerradas, de existir varias, la distribución se realizará proporcionalmente a los resultados obtenidos por cada una de ellas" y que "de no ser así, si se opta por un criterio abierto, como derecho individual, reconocido expresamente en los estatutos, el resultado aplicable será el que resulte del ejercicio democrático del voto, es decir, en función del número de votos obtenidos hasta llegar al número de compromisarios que les corresponde elegir".
Por último, en el comunicado señala que "elementos ajenos a la Dirección insular del partido" están trasladando una "interpretación tendenciosa" del proceso congresual y advierte que "no permitirá injerencias externas que pretendan alterar la voluntad de las mayorías en los respectivos comités locales o los órganos insulares".
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