La Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote mantiene este lunes una reunión con las distintas asociaciones empresariales para informarles de las medidas adoptadas por el Gobierno central para intentar reducir la economía sumergida. A aquellos empresarios que regularicen a los trabajadores que no tienen contrato actualmente antes del 31 de julio, no se les aplicará sanción.
El Consejero Técnico del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Canarias, Leopoldo Cal, informó en la mañana de este lunes, junto al Director Insular de la Administración del Estado, Orlando Suárez, de estas medidas. Cal señaló que "no se trata en ningún caso de una amnistía", ya que aquellas denuncias que se produzcan en este periodo se tramitarán de la misma forma que hasta ahora.
Cal dijo que "la economía sumergida es un mal amplio que afecta gravemente al mercado porque es desleal con la competencia y también afecta a los derechos de los trabajadores, así como supone una gran pérdida de ingresos". Señaló que es difícil cuantificar el volumen de la economía sumergida pero que hay estudios que señalan que en España se sitúa en el 20 por ciento del Producto Interior Bruto.
Más inspectores
Cal aseguró que se va a incrementar la plantilla de inspectores de trabajo en España pero no supo precisar en qué medida va a repercutir esa subida en la Isla de Lanzarote. También señaló que el objetivo de la regularización es hacer aflorar a los trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, tanto nacionales como extranjeros con permiso de trabajo, pero que no se ocupará del "trabajo en gris", que es aquel que afecta a trabajadores que cotizan por media jornada pero trabajan la jornada entera.
A partir del 1 de agosto, las sanciones mínimas para los empresarios que no tengan dados de alta en la Seguridad Social a los trabajadores se multiplican por cinco. "El incremento de las sanciones hará que los empresarios se lo piensen dos veces", señaló Cal.
S.G. / ACN Press
