"Estoy hasta ofendido por la manera en que se está imputando a mi cliente, que es una persona seria, honrada y trabajadora". Eso fue lo que sostuvo el abogado del dueño de Proselan, José Daniel Hernández Arráez, al presentar sus conclusiones en el juicio de la pieza 13 del caso Unión, que el pasado viernes quedó visto para sentencia. Un discurso similar mantuvo la abogada de otro de los acusados, el interventor de Arrecife Carlos Sáenz, que afirmó que su cliente estaba en el banquillo "por haber actuado como establece la ley". "Lo único que se le puede imputar es que haya cumplido fielmente la ley", insistió la letrada.
Por su parte, el abogado del que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, achacó a simples "errores" algunos de los hechos que sustentan la acusación. Por ejemplo, que algunas facturas se abonaran antes incluso de que se hubiera realizado el supuesto trabajo, pese a que Arrocha tendría que haberlo supervisado antes de autorizar el pago. "Es coger el rábano por las hojas. ¡A ver si Arrocha va a ir a la cárcel por un error en la fecha de dos facturas!", cuestionó su abogado, que también consideró "irrelevante" que se pagaran dos facturas distintas cada supuestos trabajo de electricidad en las mismas fiestas (una por montaje y una por desmontaje, por valor de más de 20.000 euros cada una), porque alega que lo importante es que son "conceptos distintos".
Además, respondió al letrado del Ayuntamiento, personado como acusación particular en la causa, que en varias ocasiones aludió a distintos hechos "extraños" que rodearon a esos pagos. "La gente no puede ir a la cárcel porque una actuación sea extraña", contestó el abogado de Arrocha.
Demostrar que se hicieron los trabajos "encierra una cierta dificultad"
Durante el juicio, las defensas centraron más esfuerzos en defender que el expediente de pago fue correcto, alegando que se trataba de un contrato menor (la Fiscalía y la acusación popular sostienen lo contrario), que en demostrar que los trabajos realmente se prestaran. Según el abogado del empresario, "corresponde a la Fiscalía demostrar" la "responsabilidad" de los acusados y "no hay ninguna prueba de que las obras no se hicieran".
Por su parte, la defensa de Rafael Arrocha afirmó que "valorar" si el servicio se prestó o no "es difícil después de tantos años", e hizo alusión al "carácter temporal" de esos trabajos, ya que supuestamente se montaban y luego se desmontaban instalaciones eléctricas para fiestas distintos barrios. "Siete años después, acreditar la existencia de esas obras encierra una cierta dificultad", insistió el letrado.
Cabe recordar que durante las tres jornadas que duró el juicio (dos en noviembre y la última el pasado viernes), ninguna de las defensas aportó un solo testigo que confirmara que efectivamente se realizaran los trabajos, por los que José Daniel Hernández cobró 250.000 euros en diciembre de 2008. Ni un trabajador o cargo público del Ayuntamiento, ni un empleado contratado por la empresa para prestar ese servicio. "Las fiestas de los barrios se han celebrado. Nadie ha dicho que no se hayan celebrado", señaló por su parte la abogada del interventor, planteando algo que efectivamente nadie cuestiona, ya que no es lo que se dirime en este juicio.
Un "perito" que trabajó sin cobrar para Proselan
Solo el último día del juicio compareció en calidad de perito un ingeniero, José Manuel Padillo, que fue citado por la defensa y afirmó que los trabajos sí se realizaron. Según declaró, él "verificó el presupuesto y la obra" de Proselan en los distintos barrios, pero no por encargo del Ayuntamiento, sino de la propia empresa. Dado que la defensa lo presentó como perito, el fiscal comenzó preguntándole si había emitido algún informe pericial, a lo que la respuesta fue negativa. Y tampoco realizó un informe ni sobre los presupuestos que afirma que verificó ni sobre los trabajos que supervisó.
"¿Pero vio que se habían ejecutado las obras?", le preguntó uno de los jueces de la Audiencia. "Sí, sí, en esos años iba yo a Lanzarote", respondió Padillo, que no reside en la isla. "¿Iba usted a las fiestas?", insistió el magistrado. "He ido a los barrios", contestó. Tras varias preguntas más de este juez pidiendo detalles, incluso el magistrado que preside la sala se dirigió al perito de la defensa.
"¿Cómo es que usted acudía a esas fiestas, tenía algún encargo del Ayuntamiento?", le preguntó, a lo que Padillo respondió que "tenía encargo del instalador, de verificar el presupuesto". A continuación, el juez volvió a preguntar si el empresario le pagó "alguna cantidad" por realizar esa labor. "No, tenía otra relación con él y no tenía que abonarme nada por eso", contestó. En sus conclusiones, el fiscal se refirió hasta en dos ocasiones a él como el "valiente perito" de la defensa, por varias de las afirmaciones que realizó durante su declaración.
"El tesorero no tiene en alta estima a mi cliente"
Otro de los ejes de la defensa se basó en tratar de desacreditar la confesión del cuarto acusado, el ex concejal José Miguel Rodríguez, así como los informes y las declaraciones de los testigos y los peritos que comparecieron durante el juicio. Entre ellos, el tesorero de Arrecife. "No tiene el alta estima a mi representado", afirmó la abogada de Carlos Sáenz al hablar del tesorero. Según la letrada, este testigo "intentó perjudicar" a su cliente cuando declaró que como interventor, Sáenz tiene obligación de fiscalizar todos los contratos, incluidos los contratos menores.
Lo que sostiene la defensa es que el interventor "no tiene por qué asistir" a verificar ni a "recepcionar una obra menor", ni tiene "por qué dudar de otro técnico", dado que las facturas estaban firmadas por Arrocha y por el concejal de Hacienda. Según la abogada de Sáenz, ha habido un "error de malinterpretar las leyes", ya que el interventor "solo fiscaliza formalmente los documentos".
Sin embargo, el tesorero de Arrecife no fue el único en señalar que el interventor sí debió realizar una fiscalización mayor. Además de otros testigos, el último día del juicio también declaró como perito un trabajador de la Audiencia de Cuentas, que elaboró un informe dentro de esta causa. En ese informe y en su declaración, el perito sostuvo que realmente no se trataba de un contrato menor, pese a que se tramitó como si lo fuera. Además, añadió que aunque lo hubiera sido, la contratación también era "altamente deficiente", por lo que no se debió autorizar el pago desde Intervención. "Lo único que constaba en el expediente eran las facturas", afirmó, explicando que "la Corporación se saltó la mayor parte del procedimiento".
Dos informes clave de trabajadores municipales
Todos los abogados (excepto el de José Miguel Rodríguez) se refirieron también al informe elaborado por el coordinador de Festejos de Arrecife, Fefo Nieves, en el que concluía que los trabajos por los que cobró Proselan en realidad no se realizaron. Las defensas intentaron desacreditar ese informe subrayando que cuando se prestaron los supuestos servicios, Fefo Nieves estaba de baja, por lo que consideran que no podía tener esa información de primera mano. Al respecto, durante su declaración, el propio Nieves explicó que cuando se le solicitó ese informe como coordinador del área, consultó con el resto de trabajadores del departamento para elaborarlo.
Las defensas también cuestionaron el informe y la declaración de otro trabajador del área de alumbrado público del Ayuntamiento, José Morales, que explicó que de las cinco fiestas por las que cobró Hernández, en cuatro en realidad los trabajos de electricidad corrieron a cargo del propio Consistorio. Y en la otra, el Carnaval, se contrató a otra empresa para prestar ese servicio. Además, el trabajador tachó de "desproporcionadas" las facturas que cargó este empresario (que sumaban entre 40.000 y 50.000 euros por cada fiesta), ya que el Consistorio gasta "unos 1.000 o 2.000 euros" en trabajos de electricidad en las fiestas de los barrios. Y en el caso de las de Argana Baja, ni siquiera realizan esos trabajos, porque los actos se desarrollan dentro del centro sociocultural. "El informe tiene errores de interpretación o miente", llegó a decir la abogada de Carlos Sáenz.
En el concepto de las facturas, se especifica que cinco corresponden a "trabajos de montajes y utilización de líneas, postes, proyectores, cuadros, accesorios y mantenimiento" en las fiestas de San José Obrero, Carnaval, Valterra, Chaxiraxi (en Argana Baja) y San Francisco Javier; y las otras cinco, a los mismos trabajos, pero de "desmontaje". Sin embargo, las defensas sostienen que lo que realmente hizo José Daniel Hernández fueron trabajos para reforzar las líneas, que montaba y desmontaba tras cada fiesta.
"No es poner una bombilla, como se quiere hacer ver"
"Todo el mundo ha hablado de Chaxiraxi y de Altavista, pero no de Valterra, que son unas fiestas muy conocidas en la isla. Les aseguro que no es poner una bombilla, como se quiere hacer ver", sostuvo la abogada del interventor, en respuesta a los testimonios que se escucharon durante el juicio, que entre otras cosas señalaron que en las fiestas de Chaxiraxi, por las que José Daniel Hernández cobró unos 45.000 euros en el año 2008, ni siquiera se necesita una instalación eléctrica, porque los actos se celebran en el centro sociocultural, que ya tiene luz.
Sin embargo, las defensas sostienen que los trabajos fueron más allá de los conceptos que el propio empresario especificó en las facturas que cargó al Ayuntamiento, y que en realidad realizó labores para reforzar las líneas de electricidad en los barrios con motivo de las fiestas. Para sostener esta tesis se basan en unos presupuestos que aportó el empresario durante la instrucción de esta causa, pero que no constaban en el Ayuntamiento.
Según declararon los acusados, y en particular Rafael Arrocha, al llegar las fiestas había quejas de los vecinos por problemas con la potencia y cortes de luz, aunque tampoco aportaron ningún testimonio ni prueba documental sobre este hecho, que fue desmentido por los trabajadores del Ayuntamiento que declararon como testigos. "Es curioso que este hecho solo lo conociera él", señaló el abogado del Consistorio.
