El abogado defensor de Gonzalo Murillo, acusado de calumnias e injurias por el fiscal coordinador de Lanzarote, Miguel Pallarés, afirmó en las conclusiones del juicio que su cliente no calumnió en ningún momento al fiscal, por cuanto lo que dice en un artículo de opinión publicado en 2003 en La Voz de Lanzarote "son verdades inamovibles y realidades incuestionables", señaló este miércoles en los Juzgados de Arrecife el letrado Rafael Liz.
Como prueba de estos hechos, Liz entregó al inicio del juicio en la Sala Número 1 del Juzgado de lo Penal una copia del expediente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias por el que ordena el derribo de las viviendas del Plan Parcial de La Bufona que están situadas en suelo rústico de protección ecológicapor el paso del jable, orden que afecta a cerca de quince casas, entre la que se incluye la vivienda del denunciante, el fiscal Miguel Pallarés.
Gonzalo Murillo, en su declaración, reiteró que en ningún momento imputó a través del escrito de opinión delito alguno a Miguel Pallarés, que el artículo estaba dirigido al responsable del catastro de Arrecife, Francisco Carmona, y que su intención era que se agilizarael procedimiento 975/2000 sobre las irregularidades cometidas en el Plan Parcial de La Bufona."Me dirijo al señor Pallarés como representante del Ministerio Fiscal de Lanzarote, no como persona. Me dirijí a la cabeza visible del Ministerio Fiscal", declaró Murillo ante las preguntas de por qué mencionó en varias ocasiones a Pallarés en el artículo.
"La casualidad" es, según Murillo, que el fiscal tiene una vivienda en el citado Plan Parcial que ocupa un suelo rústico protegido y que además se excede en superficie con respecto al proyecto. Murillo tampoco se retractó de los datos ofrecidos en el artículo informando de que la licencia de obra de la vivienda de Pallarés "es contraria" a la normativa urbanística vigente y que había sido firmada "por su tío político, el secretario general del Ayuntamiento de Arrecife, el señor Felipe Fernández Camero".
Pallarés no recuerda
Miguel Pallarés aseguró en el juicio que desconoce las diligencias previas 975/2000 sobre irregularidades en el Plan Parcial de La Bufona y declaró: "No sé nada" o "No tengo ni idea" sobre las actuaciones de la Guardia Civil relacionadas con el Plan Parcial o sobre la resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias.
Además, Pallarés no recordó a quién le compró su vivienda ni la superficie que ocupa. En una declaración por escrito realizada en 2005 tampoco recordó cuánto le costó, pero en esta ocasión informó de que fueron 20 millones de pesetas, igual cantidad que la hipoteca obtenida en un banco, dato contradicho por Rafael Liz, quien afirmó que la hipoteca ascendió a más de 37 millones de pesetas.
El Ministerio Fiscal pidió 6.000 euros por daños morales al considerar que se ha lesionado el honor de Miguel Pallarés y aseguró que "no fue casual" la exposición de hechos por parte de Murillo en el artículo de opinión. Considera que se ha sometido a sospecha "la ilegalidad y la imparcialidad" del Ministerio Fiscal al "mencionar insistentemente" a Pallarés en el artículo, "donde viene a decir que el proceso está paralizado porque una de las viviendas es de Miguel Pallarés".
El abogado de Pallarés, el decano Francisco Torres Stinga, señaló que el artículo contempla "imputaciones clarísimas de un hecho delictivo a un fiscal", por lo que mantuvo su petición de una condena de tres años de cárcel para Murillo por un supuesto delito de calumnias, una multa de unos 2.600 euros y otros 60.000 euros de indemnización.
Derecho al honor
Torres Stinga consideró que Murillo imputó a Pallarés hechos como tráfico de influencia y omisión del deber, y lanzó calumnias e injurias. La actuación del acusado es, a su juicio, "digna de reproche". "No hemos visto rastro de pruebas en relación a los hechos que se le imputan", indicó, antes de señalar que Murillo ha protagonizado "una brutal campaña de desprestigio contra la figura de Miguel Pallarés, que no del fiscal, con afirmaciones ofensivas y graves", declaró el decano, quien subrayó el derecho a la intimidad y al honor de su cliente.
Rafael Liz, por su parte, negó que hubiera persecución hacia Pallarés, manifestó que no se puede hablar de falsedad en el escrito de Murillo y que "la realidad queda reflejada en la resolución administrativa de la Consejería de Medio Ambiente" con la orden de derribo de las viviendas ilegales.
Además, rebatió la declaración del Ministerio Fiscal sobre la ausencia de interés periodístico del artículo de opinión y declaró que "lo triste es que se implique al Ministerio Fiscal". "Esto es, en definitiva, lo que se pretende: callar, callar realidades", dijo Liz, quien aclaró que "no se defiende a esta institución metiéndola en la dinámica de la confrontación y de los medios de comunicación". El juicio generó expectación entre una quincena de vecinos de la zona de Morro Angelito, que se trasladaron a los Juzgados de Arrecife para apoyar a Gonzalo Murillo.
