La causa penal por la construcción de la bodega Stratvs sigue creciendo y suma ya trece imputados, entre los que se incluyen los distintos políticos y técnicos que participaron en la concesión de los permisos al empresario Juan Francisco Rosa, para realizar una obra que el Juzgado considera que nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido, y que además ni siquiera se ajustó a lo que se establecía en la licencia.
Las últimas citaciones llevarán a declarar como imputada a la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y también a otros ediles que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno. Concretamente, el Juzgado de Instrucción Número 5 ha citado también como imputados al concejal Leonardo Rodríguez, a Juan Lorenzo Tavío y a Evaristo García, así como a un técnico del Consistorio. Todos ellos participaron en la concesión de la licencia de actividad a la bodega en el año 2008, cuando ya llevaba varios meses funcionando. Según la investigación, lo hicieron amparándose en un informe técnico favorable (firmado por el técnico que también ha sido imputado), pero sin contar con un informe jurídico.
Además, en la causa ya estaban imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que fue quien concedió las primeras licencias para autorizar las obras, y también el aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco. Éste último tiene ya dos condenas a sus espaldas por prevaricación urbanística, y una de ellas acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo. Por su parte, Reyes también tiene ya una condena, además de otras importantes causas pendientes de juicio.
Hasta el Gobierno de Canarias
Las imputaciones por la construcción de la bodega Stratvs han llegado también a técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, ya que el Ejecutivo regional también concedió a Juan Francisco Rosa la autorización para construir en suelo rústico (el equivalente a la actual calificación territorial).
Por este motivo ya declararon como imputados hace unos días el que era director de Política Territorial, Juan César Muñoz, así como Armando Vilacencio y el aparejador Rafael Pérez. Además, también declaró como imputado el que fuera jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Faustino García Márquez.
Rosa y el arquitecto
Junto a políticos y técnicos de dos administraciones, en la causa también está imputado el propio Rosa, aunque por motivos distintos. En su caso, la juez le imputa delitos contra la ordenación del territorio, por haber construido incluso al margen de la licencia que se le concedió. Por este motivo también está imputado el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana.
Según la investigación,Juan Francisco Rosa pidió licencia para rehabilitar una casa preexistente en la parcela pero, supuestamente, lo que hizo fue derribarla y hacer una nueva de mayor tamaño. En cuanto a la bodega, según sostienen el Juzgado y la Fiscalía,ni siquiera se ubica donde se establecía en la licencia.
Concretamente, según los peritos, donde debería estar la bodega-almacén, se ha levantado un restaurante. Así, para hacer la bodega construyeron más de mil metros añadidos, situados en el terreno que está detrás. Y todo ello pese, a que según el planeamiento que estaba en vigor, en esa zona solo se podían autorizar obras para restaurar lo que ya estaba construido.
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