La Cámara de Comercio de Lanzarote considera que la aprobación del nuevo Plan Hidrológico de Lanzarote, que permite las desaladoras privadas, "abre la puerta a una antigua reclamación de los empresarios locales" y ha propuesto que el canon por dicha desalación se destine a reducir el coste del agua industrial, comercial y turística.
El ente cameral señala que durante años ha presentado alegaciones, junto a otras organizaciones, para que se permitiera la producción de agua de forma privada para el autoconsumo y califica la medida "de sentido común". Al respecto, apunta que desde el año 2011 ha enviado hasta cuatro escritos de alegaciones en defensa de la desalación privada, "bajo las condiciones y requisitos de calidad y vigilancia que se estipulen, y sujeta a un canon que se utilice para fines de la gestión propia del ciclo integral de agua", postura que afirma que también ha defendido en sus intervenciones en el Consejo de Reserva de la Biosfera.
La Cámara considera que reinvertir ese canon en otros fines, tal y como ha propuesto el consejero de Ciudadanos, que planteó destinarlo a un plan sociosanitario, "no se ajusta a la norma", por lo que propone que se destine a reajustar el sistema de tarifas del agua.
Mejorar la competitividad de las empresas
"Dado que el agua doméstica y agrícola son las más baratas de Canarias según la información ofrecida por el Consorcio del Agua de Lanzarote", los empresarios proponen que "ese canon se reinvierta en mejorar la competitividad empresarial de las empresas de Lanzarote, abaratando el coste del agua industrial, comercial y turística". Este ahorro, según la Cámara de Comercio, supondría "un impulso a la industria, que actualmente se ve afectada por los altos costes que sostiene".
"Existen grandes consumidores de agua que, por sus características, no pueden estar sometidos a problemas de continuidad de suministro o mala calidad del agua y deben tener la posibilidad gestionar su producción para autoconsumo", añade el ente camera, que apunta que "esto no es incompatible con el establecimiento de un sistema de aportaciones económicas para sufragar el conjunto del sistema, así como el cumplimiento de las condiciones sanitarias y medioambientales que desde el Consejo Insular de Aguas pudieran establecerse, tanto para la captación, como para tratamiento y vertido".
