Las cuatro Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias se han dirigido formalmente al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, para solicitarle una respuesta política clara frente a las restricciones que marca el "Real Decreto-Ley 14/2010, por el que se establecen "medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico", y que "son discriminatorias con Canarias". Este Real Decreto reduce temporalmente, y con carácter retroactivo, las primas a la producción de energía fotovoltaica.
El carácter retroactivo que contempla la nueva norma elimina las ayudas con que contaban las empresas para realizar su inversión y bajo las que establecieron sus planes de negocio, "dejándolas en el desamparo y generando inseguridad jurídica".
Como otros actores involucrados con el desarrollo de las energías renovables, las cuatro Cámaras Canarias denuncian que el nuevo Real Decreto, junto con el cúmulo de cambios normativos anteriores, supone" un nuevo caso de inseguridad jurídica para la economía nacional y regional, lo que conlleva un desaliento para los potenciales inversores que comenzaban a creer en la rentabilidad de un sector con enorme proyección. Aspecto grave sobre todo si se considera que se trata de uno de los sectores con más potencial de creación de riqueza y nuevo empleo en el Archipiélago".
"Con este Real Decreto, Canarias resulta la Comunidad Autónoma más afectada de toda España. Mientras anteriormente venían funcionando cinco zonas climáticas de España, en las que se primaba un mayor número de horas anuales en función de su potencial productor, actualmente se ha establecido un único tope de horas primadas (1.250) para toda España. Con ello, mientras que a las comunidades del norte esto les afecta de modo poco significativo (Zona I: 1.384,00 horas reales estimadas al año), para Canarias, debido a su mayor nivel de insolación (Zona V: 1.969,07 horas reales estimadas al año) supone una reducción discriminatoria en torno al 30 por ciento", informan.
Defensa de intereses
Las Cámaras de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife solicitan al Gobierno autonómico que se posicione en defensa de los intereses de "un importante sector económico emergente, que está contemplado dentro de la política de diversificación de la economía canaria que defiende el actual ejecutivo".
"A estos argumentos centrados en el presente, se añade, en el corto y medio plazo, el enorme riesgo estratégico que supone para el Archipiélago su altísima dependencia del petróleo, acentuada por la ausencia de producción nuclear o hidráulica en las islas", añaden desde las Cámaras. En este sentido, consideran que se debe facilitar "la máxima implementación posible de fuentes energéticas renovables en el mix energético regional, considerando además las magníficas condiciones de la región para su implantación".
En función de estos argumentos, las Cámaras Canarias, además de solicitar la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, piden al Gobierno Canario una respuesta política clara (coherente además con la posición de CC en el Parlamento Nacional) y la puesta en marcha de todas aquellas iniciativas conducentes a contrarrestar el efecto pernicioso de este Real Decreto sobre el sector.
