La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado los recursos de cuatro de los imputados en una de las piezas del caso "Unión", centrada en el pago de facturas presuntamente falsas al ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori, por parte de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife.
En su resolución, fechada el pasado 22 de noviembre, la Audiencia avala el auto de la titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, por el que se inició el procedimiento abreviado para llevar a juicio a Batllori, al líder histórico del PIL, Dimas Martín; a los ex concejales de Arrecife José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco; a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra; y al ex gerente de esa misma empresa, Rafael Elorrieta.
El auto del Juzgado Número 5 de Arrecife que dio por concluida la instrucción de esta pieza para llevarla a juicio, dictado en febrero de 2013, fue recurrido ante la Audiencia por cuatro de los imputados (Dimas, Batllori, Luisa Blanco y Plácida Guerra), que ahora acaban de ver rechazada su pretensión, y deberán además abonar las costas procesales generadas.
En su resolución, la Audiencia sostiene que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a los seis acusados, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad de documento mercantil.
La juez instructora y la Fiscalía sostienen que Rodríguez Batllori cobró más de 43.000 euros de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife, a través de facturas bimensuales, por servicios que realmente no prestaba. Según la investigación, basada entre otras cosas en las conversaciones grabadas durante la Operación "Unión", en las cartas interceptadas entre Dimas Martín y Batllori y en la propia confesión de José Miguel Rodríguez, que entonces era concejal de Hacienda de Arrecife, lo que realmente se estaba pagando con ese dinero eran servicios privados prestados por Rodríguez Batllori al líder histórico del PIL.
Batllori, el "conseguidor" de Dimas
"Efectivamente, examinando el contenido de los servicios que se dicen prestados a Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife por parte del recurrente, es racional sostener que en realidad se ha tratado de dotar de apariencia regular la importante remuneración que percibe el recurrente –3.000 euros de una entidad, y 3.500 euros de otra, cada dos meses-, cuando lo que se remunera es la labor de conseguidor –así nominada por el Ministerio Fiscal- que estaría desempeñando el Sr. Batllori para el Sr. Dimas, a costa y con defraudación de los caudales públicos", sostiene el auto de la Audiencia.
Concretamente, según mantiene la Fiscalía, Dimas Martín pretendía que Batllori le sirviera "de interlocutor privilegiado, dado el conocimiento que éste tiene de la Administración autonómica, y singularmente de los contactos que pudiere tener en el ámbito judicial dada su pretérita posición como Viceconsejero de Justicia, con la expectativa de lograr beneficios que se proyectasen en las causas -algunas abiertas, otras ya sentenciadas- en las que estaría implicado el primero".
Y para ello, Dimas Martín se valió presuntamente de dos concejales de su partido en Arrecife, así como de la consejera y del gerente de Inalsa, para cargar facturas a ambas instituciones, "creando falsariamente una supuesta actividad de asesoramiento periódico a dichas entidades que en realidad sería inexistente".
En su auto, y tras analizar la declaración de los testigos aportados por Batllori a la causa, la Audiencia sostiene que "el contenido de los diversos servicios que se dicen prestados por el Sr. Batllori a las citadas entidades carecen de sustancia, tratándose en la inmensa mayoría de los casos asistencia a reuniones sin contenido material alguno que justifiquen las importantísimas remuneraciones que se perciben". Así, considera que hay indicios suficientes para llevar el caso a juicio y aclara que es allí donde se dirimirá la culpabilidad o inocencia, aunque apunta que en esta fase de procedimiento, esos pagos "ciertamente parecen encubrir en realidad otros prestados a persona ajena a la función pública con defraudación de los arcas públicas, pues se trata de servicios vacíos de contenido".
Cooperadores y contradicciones
En sus recursos, los afectados plantearon incluso la supuesta nulidad de determinadas diligencias, como las escuchas telefónicas o las prórrogas autorizadas en su día por el magistrado César Romero Pamparacuatro, pero la Audiencia ha rechazado la pretensión de los recurrentes.
Lo mismo ha hecho con otro de los argumentos de la defensa de Dimas Martín, que intentó que se invalidaran las cartas de Batllori que se encontraron en el registro de su celda, amparándose en que no pueden intervenirse las comunicaciones entre letrado y cliente. "Resulta curioso tal planteamiento, pues la defensa del Sr. Martín insiste hasta la saciedad que el Sr. Batllori no es su Letrado, luego mantiene una tesis y la contraria", subraya al respecto el auto de la Audiencia, que zanja este tema concluyendo que no se trata de una relación entre cliente y abogado, ya que ni siquiera la acusación de la Fiscalía sostiene que fuera eso lo que se estaba pagando, sino otro tipo de gestiones.
En cuanto al recurso de la ex concejal Luisa Blanco, que alega que la contratación de Batllori ni siquiera dependía de ella, la Audiencia señala que es "racional considerar que efectivamente la Sra. Blanco ha consentido ya no de forma solo omisiva, sino activa dando aparente contenido a alguno de los servicios que se dicen contratados al Sr. Batllori, para lograr con ello el abono de dinero público por prestaciones que nada tienen que ver con su formal apariencia".
