La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso presentado por el denunciante Gonzalo Murillo contra el archivo de la causa contra la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y el ex secretario del mismo Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero.
La Audiencia considera que el sobreseimiento de la causa contra estas dos personas, decretado en un ato de 14 de febrero de 2008 por el Juzgado número 3 de Arrecife, es una decisión "precipitada", por lo que deja sin efecto el sobreseimiento y mantiene su imputación.
Asume, no obstante, el resto del auto, por el que se incoaba el procedimiento abreviado para la causa, iniciada hace diez años. "Lo practicado hasta ahora es suficiente en principio para concluir la instrucción", señala el auto de la Audiencia.
La Sala desestima los recursos del resto de imputados, el arquitecto y promotor de la urbanización, Federico Echevarría, el constructor Antonio Caro y el delineante municipal, ya fallecido, Francisco Carmona, que continúan imputados.
Prevaricación
A la ex alcaldesa María Isabel Déniz (que gobernó en las filas del PIL y hoy milita en CC) se le acusaba de prevariación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización a requerimiento de la Agencia de protección del medio urbano y natural, asó como por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Déniz hoy mantiene un cargo en la Agencia canaria de seguridad
A Fernández Camero, también imputado en la causa de los hoteles ilegales en el Juzgado número 2, se le archivó la causa porque su imputación de firmar licencias ilegales excedía del ámbito de sus competencias.
Fernández Camero, cuando era secretario municipal, supuestamente firmó las licencias de obra para estas viviendas. En otro procedimiento civil que se sigue por esta urbanización, en el que Murillo reclama terrenos de su propiedad sobre los que se asentaron algunos chalés, los propietarios, que se han personado, han contratado como abogado a Fernández Camero.
Anulado
La modificación del plan parcial La Bufona está anulada por el Tribunal Supremo. Además, un informe de la Agencia de protección del medio urbano y natural de septiembre de 2008 afirma que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado.
En ese informe se dice que "el sector del plan parcial La Bufona no contaba con la superficie mínima de 50.000 metros cuadrados, por lo que no debió desarrollarse dicho plan parcial", que "se construyeron 52 viviendas y que "según certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada".
ACN Press
