La Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido este jueves un auto por el que deja en libertad al concejal del PIL Antonio Machín, que estaba en prisión provisional desde hace más de un mes, tras ser detenido en la Operación "Jable", enmarcada en el caso "Unión". Así, Machín ha abandonado el centro penitenciario de Tahíche sobre las 14:20 horas.
Ésta es la segunda ocasión en la que la Audiencia rectifica una decisión del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife en el marco de esta causa. La primera fue hace dos semanas, cuando también decidió dejar en libertad a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz.
Tanto Machín como Déniz comparten abogado en la causa, Felipe Fernández Camero, y sus recursos llegaron a la Audiencia Provincial el mismo día, aunque el de la ex alcaldesa se resolvió con mayor celeridad. Machín ha tenido que esperar dos semanas más para conocer la respuesta a ese recurso aunque, finalmente, la Audiencia ha decidido mantener la misma línea que con María Isabel Déniz, cambiando así el criterio que había defendido hasta ahora.
Y es que en la primera fase de detenciones del caso "Unión", en la que siete personas fueron enviadas a prisión provisional, todas ellas continuaron en esa situación hasta que el juez lo estimó necesario para la investigación, pese a que también entonces se presentaron recursos ante la Audiencia.
Cambio de criterio
Sin embargo, en el auto emitido este jueves por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, presidida por el ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Emilio Moya, no comparten los argumentos esgrimidos por el Juzgado de César Romero Pamparacuatro.
El auto llega a afirmar que "los indicios racionales de la comisión por parte del imputado de un delito de cohecho no son contundentes". Sin embargo, también reconoce que desconocen lo que pueda constar "en el sumario declarado secreto" o lo que "pueda acreditarse con la instrucción aún abierta".
Respecto a lo que sí se planteaba en el auto por el que se ordenó el ingreso en prisión, como una conversación grabada entre el ex concejal José Miguel Rodríguez y Antonio Machín, y las "contradicciones" que se subrayan en la declaración de este último ante el juez, la Audiencia señala que "desconoce" el contenido de esas conversaciones ni los detalles del careo al que fueron sometidos ambos imputados, concluyendo que los indicios son insuficientes sin solicitar estos datos al Juzgado. Además, el auto resta importancia al hecho de que Rodríguez señalara a Machín como "receptor de cuatro sobres" correspondientes a presuntas comisiones ilegales.
El fondo
En cuanto a los fines que justificaban el ingreso en prisión solicitado hace un mes por la Fiscalía y acordado por el juez César Romero Pamparacuatro, se basaba sobre todo en dos ejes: el riesgo de reincidencia, y la necesidad de evitar que el detenido eliminara fuentes de prueba o interfiriera en la investigación.
Respecto a esto último, el auto de prisión firmado por Romero Pamparacuatro sostenía que "la posibilidad de ocultar fuentes de prueba resulta evidente por la propia naturaleza de los hechos investigados" y defendía que esta medida "podrá permitir que la investigación se desarrolle con plenitud para poder averiguar otros posibles delitos de cohecho" y"arrojar luz sobre las cantidades que han sido defraudadas a las arcas de la administración pública". Además, planteaba la necesidad de evitar que el detenido, Antonio Machín, pudiera "influir en el comportamiento" de personas sobre las que aún había que practicar diligencias o tomarles declaración.
Por su parte, la Audiencia Provincial saca la conclusión de que la investigación, que sigue abierta y bajo secreto de sumario, ya ha "hecho acopio de la documentación correspondiente, a cuya modificación u ocultación ya no puede tener acceso el imputado".
Reincidencia
Sobre el riesgo de reincidencia planteado por el Juzgado Número 5, la Audiencia también lo descarta con un llamativo argumento: "Desde luego, a la vista de la repercusión mediática que ha tenido este procedimiento en la isla conejera, no parece que se le ocurra ni al imputado pedir o aceptar, ni a un empresario ofrecer o pagar comisión alguna, por lo que no se considera que exista temor de que el imputado vuelva a cometer este delito de cohecho" del que se le acusa.
Es decir, que consideran como argumento jurídico el hecho de que ni políticos ni empresarios se van a "atrever" a cobrar o pagar sobornos después del caso "Unión". Una hipótesis que choca de plano con la investigación, que sostiene que se siguieron cometiendo delitos después del 25 de mayo de 2009. Ése sería el caso del jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, que fue detenido hace un año pero volvió a ser arrestado en la Operación "Jable", por actividades presuntamente delictivas que seguía llevando a cabo desde el Ayuntamiento.
El precedente Déniz
La excarcelación de Antonio Machín, que se concretó al mediodía de este jueves, cuando abandonó el centro penitenciario de Tahíche, se suma a la de María Isabel Déniz, que tuvo lugar hace dos semanas. En su caso, la Audiencia rechazó por primera vez los argumentos del Juzgado de Instrucción Número 5 para mantenerla en prisión provisional.
Respecto al riesgo de reincidencia, la Audiencia Provincial consideraba que no existía porque Déniz ya no ocupaba un cargo en el Ayuntamiento de Arrecife, desde donde cometió los presuntos delitos de cohecho. Es decir, que no tenía posibilidades de volver a cobrar sobornos desde el Consistorio. Sin embargo, cuando se produjo su detención, la ex alcaldesa seguía trabajando para otra administración pública, en este caso como asesora de la Academia Canaria de Seguridad, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en la que también ocupa un cargo su hermana Carolina Déniz, como viceconsejera de Justicia.
En cuanto al otro argumento esgrimido por la Fiscalía y el Juzgado, sobre el riesgo de que la ex alcaldesa alterara fuentes de prueba si quedaba en libertad, la Audiencia Provincial también lo rechaza, afirmando que el Juzgado ya había tenido un mes para realizar las diligencias necesarias. Una tesis totalmente distinta a la sostenida por la propia Audiencia hace casi un año, ante recursos como el que planteó la defensa del ex concejal Ubaldo Becerra contra su situación de prisión provisional. Entonces, la Audiencia Provincial señaló que en un mes que el detenido llevaba en la cárcel, no se podía haber analizado siquiera la documentación incautada durante los registros de la Operación "Unión".
Tras la puesta en libertad de María Isabel Déniz por parte de la Audiencia, el magistrado César Romero Pamparacuatro también decidió excarcelar al único empresario que estaba en prisión, el gerente de Urbaser Jacinto Álvarez, y que supuestamente está entre los que pagaron presuntos sobornos a la ex alcaldesa. Así, de las cuatro personas enviadas a prisión provisional en la Operación "Jable", sólo Rafael Arrocha continúa en la cárcel, en su caso en Salto del Negro.
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