ACN.- El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina, calificó ayer el nivel de cumplimiento normativo de las entidades locales del sector público que enviaron la cuenta general de 2002 de "aceptable aunque mejorable". Así lo expuso en Comisión de Presupuestos y Hacienda celebrada en la Cámara regional, donde, al igual que en la de Sanidad celebrada este miércoles, los diputados comenzaron la sesión guardando un minuto de silencio por la muerte de Juan Antonio Betancor (PIL).
A continuación, Medina dio a conocer el informe general elaborado por el órgano de control externo, en el que las recomendaciones generales, en este caso, "son coincidentes con las de informes de años anteriores, por lo que se mantienen en los mismos términos", señaló. En materia de administración y control interno, precisó que algunas entidades deben potenciar las áreas de administración, contabilidad, gestión económico-financiera y control interno "con la finalidad de que los resultados obtenidos y los niveles de seguridad jurídica y económica mejoren, permitiendo al mismo tiempo un mejor reflejo en las cuentas de la situación económico-financiera y patrimonial".
Sobre la aprobación de los presupuestos generales, recordó que el equilibrio financiero de las entidades locales depende de la ejecución de las cuentas. En este punto, indicó que el comienzo del ejercicio económico sin la aprobación definitiva del nuevo presupuesto "determina la demora en la aplicación de medidas correctoras en aquellos casos en que fuera preciso, por haberse generado un remanente de tesorería negativo en el ejercicio precedente y, en consecuencia, contribuye a que se consoliden las situaciones de desequilibrio".
Remanente de tesorería negativo
Medina destacó las cifras "negativas" del remanente de tesorería para gastos generales que presentan algunas entidades. "Dicho remanente negativo del ejercicio no ha sido solventado en el siguiente ejercicio por algunas corporaciones, lo que supone el incumplimiento del artículo 174 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales", dijo, añadiendo que muchos ayuntamientos incumplen la obligación de disminuir el remanente de tesorería con la estimación de dudosa cobrabilidad de los deudores pendientes de cobro.
Medina subrayó que, además, la aprobación tardía del presupuesto genera otras consecuencias, como dificultades en el acceso a la cooperación económica del Estado y la Comunidad Autónoma, retrasos en la publicación y ejecución de la oferta de empleo o limitaciones para el acceso al endeudamiento. También apuntó al esfuerzo que las administraciones locales deberán realizar en la confección y llevanza de la relación nominal de deudores, en la que han de aparecer, con carácter general, desglosados nominalmente, con detalle del número de recibos pendientes de cobro.
Los créditos deben ajustarse
Uno de los aspectos que el presidente de la Audiencia destacó en su comparecencia fue la necesidad de evitar adquirir compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, "pues ello determina la nulidad de pleno derecho de los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que se hubieran dictado".
Asimismo, afirmó que se ha de poner un "especial énfasis" en la responsabilidad que implica remitir las cuentas sin aprobar por los plenos corporativos, sin exposición pública ni intervención en el procedimiento de la Comisión Especial de Cuentas. "Es necesario insistir en el hecho de que las cuentas sean aprobadas por los plenos respectivos y rendidas en los plazos que marca la Ley Reguladora de las Haciendas Locales", reiteró.
Desde el punto de vista contable y de la gestión presupuestaria, Rafael Medina hizo hincapié en la importancia de practicar una continua depuración de saldos de ejercicios cerrados, "a fin de que se correspondan realmente con derechos y obligaciones reconocidos, dando de baja aquéllos que hayan prescrito, así como, en el caso concreto de los ingresos, declarando las bajas por insolvencias, errores de contraído y otras causas que sean precisos".
Para la determinación del remanente de tesorería y con el objeto de que figuren los derechos que realmente sean exigibles, la Audiencia de Cuentas considera que se deben estimar los importes que han de ser considerados de difícil o imposible recaudación. "Esta estimación debe realizarse tras un estudio particularizado de los saldos pendientes y en su defecto aplicar un análisis particularizado", dijo Medina en la Cámara.
