La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al denunciante del 'caso La Bufona' en Arrecife, Gonzalo Murillo, a un delito de calumnias contra el fiscal Miguel Pallarés por un artículo publicado en La Voz de Lanzarote en octubre de 2003.
La pena asciende a 16 meses de multa con una cuota diaria de seis euros (2.880 euros), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas. Murillo también tendrá que pagar las costas y hacer frente junto con la editora del periódico de manera conjunta y solidaria a una indemnización de 12.000 mil euros.
La sentencia de la Audiencia Provincial es firme y modifica la del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife, de julio de 2008, que absolvió a Murillo de tres delitos de calumnias y sólo le condenó por un delito de injurias a una indemnización de seiscientos euros. Pallarés solicitaba tres años de prisión y 60.000 euros de indemnización.
Gonzalo Murillo se quejaba en el artículo de lo que a su juicio era una paralización del proceso abierto en el año 2000 contra los promotores del plan parcial La Bufona, que habrían usurpado terrenos rústicos y otros de su propiedad para llevar a cabo la obra de las viviendas. Ese proceso se abrió por una denuncia del Seprona de la Guardia Civil se encontraba entonces en diligencias previas, y que seis años después continúa así.
PARALIZACIÓN
La Audiencia considera probado que Murillo atribuye la responsabilidad en la paralización del procedimiento a Pallarés, que entonces era fiscal coordinador de Arrecife. También dice la sentencia que "resulta palmaria la atribución de un delito de tráfico de influencias" o "confabulación entre el secretario del Ayuntamiento para conceder a su sobrino una licencia ilegal" en el artículo del denunciante del 'caso La Bufona'.
En este sentido, Murillo hacía referencia a que Pallarés es dueño de una de las viviendas denunciadas en La Bufona y que la licencia estaba firmada por su tío político y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.
Además del procedimiento penal abierto en el 2000 y que aún no se ha juzgado, hay otro caso por usurpación de terrenos en el Juzgado número 2 de Arrecife, que parte de una denuncia de Murillo de 1999 y que tampoco ha terminado.
INFORME
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias señala en un informe que el plan parcial nunca debió haberse desarrollado y que hay viviendas que tienen doble referencia catastral, en las que no coincide lo construido con la licencia otorgada y que están en suelo rústico de protección.
Entre esas viviendas está la del fiscal Miguel Pallarés, que también ha estado omitida del catastro durante ocho años y que estaría ocupando, según la denuncia de Murillo, el suelo que pertenece a su familia.
ACN Press
