La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional celebró el pasado viernes una reunión con sus socios en Lanzarote para discutir el nuevo decreto regional de la Vivienda Vacacional, que consideran "jurídica, turística y moralmente insostenible". A este encuentro celebrado en Puerto del Carmen la asociación invitó a asociaciones empresariales, urbanistas, abogados, políticos e instituciones.
La asociación señala que la "conclusión de todos ellos" fue que la norma es "un rotundo fracaso de nuestro Gobierno que, lejos de regular el alquiler turístico en la vivienda privada, muy presente en estas islas, lo que ha hecho es todo lo contrario: declararla ilegal de nuestras zonas turísticas en un 90% y hasta en un 100% en algunos casos, con lo que esto supone para todos esos negocios del entorno íntimamente ligados al alquiler vacacional durante años". "El Decreto 113/2015 se ha convertido por méritos propios en el más restrictivo de toda España y pone en peligro a más de 1.300.000 turistas que ya eligieron esta modalidad en 2014, pero que hoy asisten incrédulos al espectáculo de cómo le damos ‘una patada’ a ese turismo en auge en el mundo entero, cuando aquí existe más de un 30% de paro", agregan.
Los miembros de Ascav pusieron de relieve "las discrepancias de interpretación que existen entre los técnicos de los Cabildos con los de los Ayuntamientos a la hora de determinar si una vivienda concreta puede acogerse o no" a esta regulación. Según señalan, así lo confirmaron al mismo tiempo los testimonios de los propios afectados que acudiendo a estas instituciones y que, sostienen, "obtuvieron soluciones e indicaciones absolutamente dispares". Para Ascav, este hecho supone "una inseguridad administrativa y jurídica absoluta".
"Indignación mayúscula"
"La indignación del aforo era mayúscula", apunta Ascav. El malestar se debía a "haber visto cómo nuestro Gobierno(nacionalista y socialista para más inri) ha sido capaz de prohibir la práctica totalidad de la Vivienda Vacacional de las zonas turísticas sin despeinarse, eliminando por decreto el derecho legítimo que tiene cualquier persona a participar del turismo para que sea monopolizada por hoteleros y extra-hoteleros". "Eso es lo que les ha pasado a miles de propietarios que, alquilando sus viviendas, consiguieron atraer con enorme éxito y esfuerzo a un turista que había revitalizado numerosas zonas turísticas y emblemáticas (Playa Blanca, Puerto del Carmen, Corralejo, Caleta Fuste, y muchas más…) llenas de complejos hoteleros con un tipo de turista muy diferente que no repercute ni por asomo el mismo nivel de gasto sobre la economía local como lo hace el de la Vivienda Vacacional", denuncian.
"Como siempre hemos dicho desde el primer momento, la Vivienda Vacacional no puede regularse bajo criterios de planteamientos cambiantes de ordenación o uso territorial", reclaman. La Ascav incide en su nota en que si este tipo de alojamiento es escogido por "tantos turistas es precisamente por su carácter de ser una ‘vivienda’ como la que puede tener cualquier persona en cualquier parte, nada más". "Ese y no otro, es el denominador común que debe usar el Gobierno para regular su alquiler cuando sea con fines vacacionales", opinan. "Lo otro es desconocer la realidad y caer en un remolino de interpretaciones del que nunca se sale imposibilitando cualquier solución lógica, como así ha ocurrido", consideran acerca de la regulación recién aprobada.
Una "exclusión orquestada"
Para la asociación, "la exclusión de la vivienda vacacional fuera de estas zonas turísticas fue deliberadamente orquestada en el último momento y ocultada a la opinión pública en vísperas de las elecciones, algo en lo que el lobby hotelero tuvo mucho que ver (véase las últimas declaraciones del portavoz del Gobierno, que no tienen desperdicio), como así coincidieron varios de los presentes". Según indica la Ascav, durante el encuentro Benjamín Perdomo, consejero electo por Ciudadanos, y Carlos Meca, consejero electo por Podemos, brindaron su apoyo a través de las representaciones que han obtenido y ofrecieron sus redes para difundir "la justa reivindicación" que según ellos plantea la Ascav.
Al mismo tiempo, se trataron las varias medidas en las que se está trabajando a nivel social, como la recogida de firmas a través de Change.org, pegada de carteles, implicación de las empresas locales, así como la respuesta legal ante los tribunales y laCNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), pasando por el compromiso de los partidos y políticos que tendrán capacidad de gobierno en la próxima legislatura.
