La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha impuesto una multa de 110.250 euros a D.E.V.B., como responsable, en calidad de promotora, de una infracción administrativa grave por la construcción de una vivienda unifamiliar en un lugar denominado Las Casillas, en Máguez, en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección agraria.
La Agencia considera en su resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Canarias, que la promotora realizó estas construcciones sin los "preceptivos títulos legitimantes necesarios para su ejecución", como son la calificación territorial y la licencia urbanística. Por ello, en este caso le impone una multa de 80.500 euros.
La Agencia de Protección señala en su resolución que la promotora ejecutó una vivienda unifamiliar aislada de una planta de 110 metros cuadrados de superficie. Además, construyó un cuarto de almacén de unos 40 metros cuadrados, adosado a la casa. Asimismo, realizó "el hormigonado de una superficie de 130 metros cuadrados, aproximadamente, que sirve de acceso a las edificaciones".
La Agencia señala también que en este espacio se construyeron cuatro muros, un cuarto de aperos de unos 12 metros cuadrados, un almacén aislado de 93 metros cuadrados y un cobertizo "en precario" de unos 30 metros cuadrados.
Además, le impone la multa también por una infracción administrativa grave por "el depósito y el abandono de diverso material", como vallas, puntales, andamios y maderas, en este espacio protegido. Por esta última infracción, deberá abonar un total de 29.750,10 euros.
La Apmun ordena también a D.E.V.B. el restablecimiento del orden jurídico infringido, "mediante la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada". En concreto, le exige la demolición de las actuaciones señaladas y la retirada del material de las obras.
La promotora tiene ahora un plazo de un mes para presentar ante la Apmun el proyecto de restauración o demolición como "primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado. El incumplimiento de este requerimiento, según advierte la Agencia de Protección, "dará lugar a que la administración ejecute subsidiariamente la orden de reposición con cargo al infractor".
En el caso en el que la promotora ofreciese "su total colaboración en la ejecución" de esta resolución, "el coste de la demolición será repercutido por los responsables obligados con una bonificación del 50 por ciento", según se publica en el Boletín Oficial de Canarias.
