La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural calificó como una falta "muy grave" la extracción ilegal de áridos que una empresa estaba realizando "en el municipio de Teguise" y propuso una sanción de más de 300.000 euros pero, siete años después, la propia Apmun ha dado por caducado el expediente.
En la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de Canarias, se declara la caducidad del procedimiento sancionador contra la empresa Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias y el "consecuente archivo del mismo", sin explicar los motivos que han llevado a que no se haga efectiva la sanción, o el retraso en la tramitación del expediente.
Lo único que apunta la Apmun es que este archivo no impide que pueda abrirse "un nuevo procedimiento sancionador", aunque tampoco anuncia que vaya a hacerlo.
Propuesta de sanción en 2007
Para conocer los detalles de ese expediente que ahora ha sido archivado hay que remontarse a un Boletín Oficial del año 2007, en el que se publicó la resolución número 568, adoptada el 27 de febrero de ese año por la Agencia. Según señalaba en ese momento la Apmun, se había constatado que "en el lugar denominado Barranco de Risco Negro, en el término municipal de Teguise", se estaba realizando "una actividad de extracción de áridos, ubicada en suelo clasificado y categorizado como rústico con valor natural dominante, sin la preceptiva calificación territorial ni demás títulos habilitantes exigibles".
Como promotora de las obras y responsable de la infracción señalaba a la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L., afincada en Fuerteventura. "Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción administrativa, tipificada y clasificada como muy grave", señalaba la resolución.
Según ese escrito, las sanciones previstas van desde 601,01 euros a 601.012,01 euros, y en este caso en particular propusieron una multa de 300.205,55 euros, "correspondiente a su grado medio". Además, se acordaba también "requerir al interesado para que inste la legalización de las obras en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses en atención de la complejidad del proyecto".
Más de siete años después de publicarse esa resolución en el Boletín Oficial, el expediente sancionador ha sido archivado, tras declarar su caducidad.
