Transparencia Urbanística estudiará emprender acciones penales contra el director insular de Política Territorial del Cabildo, Miguel Ángel Santana, por emitir un informe "sin tener competencias" para ello. Así lo anunció la abogada de la asociación, Irma Ferrer, durante el juicio celebrado este jueves, por la autorización de 66 villas ilegales en el Plan Parcial Playa Blanca, en el que Transparencia Urbanística ejerce como acusación popular. "Esta parte se va a reservar acciones, porque puede dar lugar a un delito de prevaricación en un procedimiento penal", advirtió.
Fue el abogado de uno de los acusados quien aportó durante la vista un certificado del secretario accidental del Cabildo, con un informe de Santana. "El contenido no aporta nada, pero aporta la persona que realiza ese informe y que es incompetente", advirtió la letrada. Por eso, anunció que "estudiará las consecuencias que pueda tener para el director insular y para el Cabildo, porque Santana no puede informar de nada".
Tanto al inicio del juicio, cuando se plantearon las cuestiones previas, como al presentar sus conclusiones, la abogaba subrayó que ese informe fue emitido por alguien "absolutamente incompetente" para hacerlo, dado que es un cargo de designación política y no un funcionario de la Corporación. "Y se excede sabiéndolo, porque ya ha sido advertido", remarcó Irma Ferrer. Además, subrayó que ese certificado, presentado por la defensa del ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, "no sabemos quién lo pide, ni por qué lo pide. Sólo que es de marzo de 2016".
"Hay jurisprudencia sobre eso"
Durante los interrogatorios, la abogada también preguntó por este tema a uno de los peritos que declararon, el director de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, Leopoldo Díaz. "Como director insular, ¿Miguel Ángel Santana puede emitir informes?", le consultó al perito. "Yo creo que no. Además, eso ha suscitado ya debate en el Pleno del Cabildo. Y hay jurisprudencia sobre eso", respondió Díaz.
Ese "debate" se generó en la Corporación insular hace año y medio, en mayo de 2015. Es decir, según la acusación, mucho antes de que se emitiera este nuevo informe de Santana aportado al juicio. En ese momento el presidente, Pedro San Ginés, había llevado a Pleno por tercera vez la modificación del Plan Especial de La Geria, y el expediente contaba sólo con un informe jurídico favorable, que había sido elaborado por Miguel Ángel Santana. El PSOE, que en ese momento estaba en la oposición, preguntó entonces al secretario si no era necesario contar con un dictamen elaborado por un funcionario de la Corporación, dado que el de Santana no tendría validez por ser un cargo político.
El secretario, Pancho Perdomo, respondió en el Pleno diciendo que no tenía por qué contestar "in voce" y que disponía de diez días para dar una respuesta por escrito. Y cuando llegó esa respuesta escrita, el secretario confirmó que el informe del director insular no era válido y que para poder aprobarse la modificación, debía elaborarse un nuevo dictamen jurídico por parte de un funcionario del Cabildo.
Posteriormente, ya en junio de este año y a petición de Ciudadanos, la Asesoría Jurídica del Cabildo emitió un informe en el que confirmaba que el director insular se había estado "excediendo" en sus competencias, al emitir informes jurídicos, en este caso en los expedientes de compatibilidad con el PIOT.
Además, en ese informe se señalaba que "la cuestión sobre la posibilidad del director de Política Territorial de emitir informes jurídicos" ya había sido "resuelta en un informe el secretario del Pleno de la Corporación de fecha 14 de abril de 2014, en el sentido de que cuando tales informes sean preceptivos en la tramitación de expedientes, éstos deben ser emitidos por funcionario o empleado público que goce de la condición de fijo en la plantilla del personal del Cabildo de Lanzarote, dotado de la titulación académica requerida, sin que los mismos puedan ser elaborados o suscritos por los directores insulares, al no asignárseles tal competencia dentro de las atribuciones que les encomienda el artículo 155 del Reglamento Orgánico del Cabildo".
En cuanto al Plan de La Geria, Santana también emitió un informe para rebatir el que había elaborado la jurista Joana Macías, como perito dentro del caso Stratvs. En ese informe, Macías advertía de que el documento tenía vicios de nulidad, que es exactamente lo que ha venido ahora a confirmar una sentencia del TSJC, que ha anulado el documento.
