En respuesta a la senadora del Grupo Popular, el Ministerio de Justicia señala que es plenamente consciente de la situación de la tramitación de la ejecución penal en los Juzgados y Tribunales, y admite que es necesario emprender actuaciones que contribuyan a mejorar este aspecto del sistema judicial. Manifiesta que se está trabajando en una serie de medidas y que las mismas se establecerán durante la presente legislatura.
Loly Luzardo había interrogado al Gobierno sobre las medidas previstas
dado el alto número de sentencias penales que el año pasado se
quedaron pendientes de ejecución en los juzgados canarios y que, según
los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, se
cifran en 11.196. La falta de medios y el aumento constante de los
litigios se apuntan como los causantes de esta situación que, por otra
parte, no es exclusiva del archipiélago ya que en España hay casi
270.000 sentencias pendientes.
Para Luzardo resulta fundamental que el Gobierno ponga en marcha
"cuanto antes" las medidas anunciadas y "que no espere a la recta
final de la legislatura" para introducir el grueso de actuaciones,
pues eso significaría que "los juzgados tendrán que soportar esta
fuerte carga de trabajo durante tres años más".
En este sentido, el Ministerio no concreta fecha para el despliegue de
la nueva Oficina Judicial y la puesta en funcionamiento de los
servicios comunes procesales, entre ellos, el servicio común de
ejecución. Un servicio que es el que permite descargar la carga de los
juzgados y tribunales y agilizar la tramitación de toda clase de
asuntos, incluidos las ejecutorias penales.
ACTUACIONES PREVISTAS
En la información aportada por el Ministerio de Justicia se detalla
que ya se ha puesto en funcionamiento, como experiencia piloto, un
nuevo sistema informático de gestión procesal que garantizará un mayor
control de las ejecutorias penales.
También se anuncia para principios de año, un nuevo registro de
medidas cautelares y requisitorias, que incluirá no sólo a las
personas condenadas con sentencias firmes, sino también a aquellas
sobre los que pesen medidas cautelares, órdenes de busca y captura o
sentencias no firmes. Igualmente se pondrá en marcha la nueva
aplicación del registro de penados y rebeldes y la creación de un
sistema integral de gestión de todos los Registros Judiciales.
