El ex alcalde de Haría, Juan Ramírez Montero, puede ser condenado a cuatro años de prisión y doce años de inhabilitación, en caso de que prospere la solicitud de condena elevada por el Ministerio Fiscal para el juicio que se celebrará el próximo 16 de octubre, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en una causa relacionadacon el contrato de arrendamiento de la finca Villa Dolores.
La Fiscalía considera en relación a este caso que Juan Ramírez cometió los delitos penales de falsedad por funcionario público en documento oficial y de prevaricación en relación al arrendamiento de dicha finca por parte del Ayuntamiento, y que posteriormente -siempre con Ramírez como alcalde- fue destinada a escuela taller de rehabilitación del patrimonio de Haría.
En concreto, la acusación contra el ex alcalde se debe a que el contrato firmado entre las dos partes "incluía una cláusula adicional, por la cual si el Ayuntamiento optaba por la prórroga del contrato por 20 años más, el arrendador percibiría la cantidad de 500.000 pesetas mensuales, cláusula adicional que no figuraba en el contrato cuando éste fue aprobado en el pleno del Ayuntamiento", en mayo de 1995, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. El contrato original era por cuatro años, y por un monto de 150.000 pesetas mensuales.
Dicho contrato había sido firmado el 1 de octubre de 1995. Casi dos meses después, el pleno del ayuntamiento de Haría acordó el destino de la finca Los Dolores al mencionado uso como escuela - taller, y se solicitó una subvención para tal fin. Paracumplimentar con la tramitación para dicha subvención, el Inem de Las Palmas requirió, el 1 de febrero de 1996, la existencia de un contrato de cesión de la finca por el plazo de al menos 25 años.
Lo que había hasta entonces no era un contrato de cesión, que por definición es de carácter gratuito, sino -tal como había aprobado el pleno- de arrendamiento. Ante esto, según el Ministerio Fiscal, se firmó un nuevo contrato, en este caso de cesión, el 13 de febrero de 1996, entre el administrador único de la propiedad, Pedro Perdomo Reyes, y el por entonces alcalde, Juan Ramírez. La cesión gratuita era un requisito indispensable para acogerse a la subvención solicitada.
De esta manera, siempre según el escrito del fiscal, existen para una misma finca, y en periodos coincidentes, dos contratos, uno de arrendamiento y otro de cesión, lo que sería una irregularidad.
Asimismo, ante esto, también ha habido irregularidades y no hubiera correspondido acogerse a la mencionada subvención por no reunirse todo los requisitos exigidos -el de cesión-, por lo cual la Unión Europa, que se encarga de la revisión de esas subvenciones, puede solicitar responsabilidades al Ayuntamiento.
Calificación de suelo falsa
Pero eso no es todo, puesto que la acusación del fiscal también sostiene que el ex alcalde Juan Ramírez falseó una calificación de suelo, en este caso en la zona de Tabayesco, en beneficio de la misma sociedad. En concreto, "Juan Ramírez, en sucalidad de alcalde Haría, con fecha 3 de enero de 1999, expidió una certificación desuelo en una parcela de Tabayesco como de núcleo poblacional, a sabiendas de la existencia sobre la misma parcela, y contando con el informe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, una certificación como de núcleo rural, a la que había dado su visto bueno". Con esa certificación de núcleo poblacional en una parcela que debía ser considerada núcleo rural, se dio vía libre para la edificación en esos terrenos.
Esto, además de la irregularidad que el acto en sí conllevaría, puede suponer un claro indicio de una presunta connivenia entre el ex alcalde y el propietario tanto de la finca Villa Dolores como del terreno en cuestión.
Más acusados
En la causa también aparece acusada Teresa Caba Jiménez, quien por entonces era secretaria del Ayuntamiento, cargo que ya no ocupa, y ni siquiera sigue residiendo en la isla. A Caba Jiménez, la Fiscalía le acusa de haber "faltado a los deberes de velar por la realización del contrato según las condiciones aprobadas por el pleno del Ayuntamiento" y porque "certificó el contrato que incluía una cláusula adicional no aprobada, dejando espacio suficiente entre la firma de los contratantes y la suya, sin adoptar ninguna medida que impidiera una posible inclusión ajena a lo aprobado".
Ante esto, el fiscal considera que la ex secretaria municipal incurrió en un "delito de falsedad por imprudencia grave de funcionario público en documento oficial", por lo cual solicita una condena en su contra de suspensión de cargo público durante diez meses, más una multa.
El tercer acusado en este proceso es el administrador único de la sociedad dueña de la finca en cuestión, Villalma-94 S. L., el mencionado Pedro Perdomo Reyes, sobre quien el fiscal considera que cometió el delito de "falsedad por particular en documento oficial", ante lo que solicita que se le imponga una condena de dos años de prisión, inhabilitación para votar durante el mismo período y una multa.
La solicitud de desahucio destapó el tema
Las supuestas irregularidades cometidas con el contrato de arrendamiento de la finca Villa Dolores salieron a la luz cuando en el año 2000, y ya con José Torres Stinga como alcalde de Haría, el Ayuntamiento se negó a seguir pagando el alquiler de dicha finca, por entender que las cosas no estaban nada claras. La sociedad propietaria solicitó entonces el desahucio, a lo cual el Consistorio accedía, pero negándose a pagar lo que requería el propietario. El tema fue entonces a juicio, y en la demanda del desahucio, la sociedad dueña de la finca presentó el contrato que tenía dicha cláusula adicional, que triplicaba con creces el valor mensual por el arrendamiento y que no estaba en el contrato aprobado por el pleno. Y así salió a la luz la supuesta ilegalidad.
Esa cláusula adicional aparece en el contrato con una tipografía diferente a la del resto del documento, por lo que se cree que fue agregada con posterioridad. Los peritajes judiciales realizados establecieron que esa cláusula adicional fue agregada con una máquina de escribir que fue encontrada en la sede del Ayuntamiento de Haría, y que ahora se encuentra depositada en el Juzgado de Paz.
"Una tendencia clara de favoritismo"
El actual alcalde de Haría, José Torres Stinga, está convencido que lo ocurrido en torno a la finca Villa Dolores durante el mandato de Juan Ramírez no fue un despiste ni un acto involuntario. Torres Stinga considera que "este tipo de comportamientos deben ser perseguidos, sobre todo porque hay una connivencia clara, que permite diferenciar lo que puede ser un despiste de una tendencia clara de favoritismo, y en este caso concreto, indudablemente el Ayuntamiento de Haría, personándose en la causa, lo que pretende es preservar su responsabilidad patrimonial, por cuanto las subvenciones a las que se han acogido sobre todo con el tema del taller de empleo, están sujetos durante 10 años a la revisión de la Unión Europea, y dado que se ha producido la correspondiente vulneración, la responsabilidad entendemos que no debe ser del Ayuntamiento, sino del responsable que tomó esta decisión totalmente inapropiada".
