El Ministerio Fiscal considera que, durante prácticamente el último año de su mandato, concedió licencias ilegales de forma masiva en las localidades del Charco del Palo, Arrieta, Mala, Tabayesco, Guinate y Haría, y otorgó certificados falsos que él mismo expedía, en la mayoría de los casos, para sacar adelante estas licencias. Hechos que llevarán a Juan Ramírez a afrontar las acusaciones más graves que se han formulado sobre su gestión como máximo responsable de la Corporación de Haría.
La fecha del juicio está todavía por determinar, a la espera de que el Ayuntamiento, que se ha personado en el caso, presente su acusación particular.De momento, el Ministerio Fiscal ha mantenido como único acusado a Ramírez, a quien le imputa haber concedido licencias "a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad", porque actuaba "ignorando deliberadamente informes", emitiendo certificados falsos "a sabiendas de que no entraba dentro sus funciones" o "inaplicando fraudulentamente" la normativa vigente.
Para el fiscal los hechos son constitutivos de delitos contra la ordenación urbanística, prevaricación y falsedad documental, aunque la petición de pena tendrá que esperar a la presentación del escrito de la acusación particular ya que los 15 expedientes de licencia que componen el caso pueden ser considerados como un único delito continuado o como delitos independientes.
Antecedentes
La investigación comenzó en junio de 1999 después de que el Ayuntamiento presentara una denuncia por considerar que esas licencias, supuestamente, eran contrarias a la normativa. Unas licencias que fueron concedidas entre julio de 1997 y abril de 1999, mes en el que Juan Ramírez fue expulsado de la Corporación mediante una moción de censura que fue presentada por la oposición. El alcalde conocía esta iniciativa y fue obligado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a convocar el Pleno que terminaría con su mandato.
La Fiscalía sostiene su acusación en 15 expedientes de licencias que se concedieron en el municipio de Haría de forma presuntamente ilegal, "tanto desde el punto de vista de la normativa urbanística, como de las normas básicas que regulan los procedimientos administrativos" para este tipo de autorizaciones. Expedientes que se concretan en licencias de obra para 17 residencias, licencia para una segregación de varias fincas o para la ampliación de una vivienda, propiedad de Juan Ramírez. Las irregularidades a las que alude la acusación son reiterativas y se centran en haber otorgado licencias con informes desfavorables por parte de la Administración competente o haber omitido los informes técnicos y jurídicos previos que exige la ley para tal trámite, que de haberse considerado hubieran impedido la realización de la obra.
En otros casos, la Fiscalía mantiene que el ex alcalde de Haría, emitió certificados sin tener potestad para ello, en los que permitía "uso residencial" en zonas incluidas en los núcleos rurales del municipio, para la concesión de la obra. Unas actuaciones presuntamente irregulares que se dan en 15 ocasiones en las localidades de Haría, Mala, Guinate, Arrieta y Tabayesco y seis de ellas en Charco del Palo, de las cuales cinco se concedieron en el mes de abril, días antes de su expulsión como alcalde.
¿Intereses particulares?
La Fiscalía hace referencia a licencias que pudieran haber beneficiado a Juan Ramírez. Una de ellas relativa a una concesión que se dio a sí mismo para ampliar una vivienda de su propiedad en la localidad de Arrieta. El escrito asegura que "omitió deliberadamente ejercer su obligación de abstención" del conocimiento de ese expediente, por su "evidente interés directo". Además, el Fiscal sostiene que Ramírez permitió la segregación de varias fincas, propiedad de la que era su esposa. La licencia fue otorgada sin los informes pertinentes y en parcelas reservadas para "zona verde o uso deportivo". Al día siguiente, Juan Ramírez adquirió, según Fiscalía, varias de las fincas segregadas.
En la acusación también aparece una concesión de licencia, supuestamente ilegal, para la construcción de dos bungalows, solicitada por Pedro Perdomo Reyes, que el pasado mes de octubre se sentaba junto a Juan Ramírez en el banquillo de los acusados y a los que se les atribuía connivencia en las actuaciones sobre el contrato de arrendamiento de la finca Villa Dolores, propiedad de Perdomo, que terminó en los tribunales con la absolución de los tres acusados.
Juan Ramírez tendrá, por tanto, que afrontar un proceso judicial, que tiene a sus espaldas seis años de investigación y 10.000 folios de diligencias previas. Para el juicio están llamadas a testificar hasta 23 personas, entre concejales, políticos, técnicos, personal administrativo del Ayuntamiento y particulares. Además, la Fiscalía ha solicitado la intervención de cinco peritos.
Un denso y delicado caso en el que, en un principio, estaban imputados tanto el alcalde como los beneficiarios de las licencias presuntamente ilegales, pero en el que finalmente Juan Ramírez hablará ante el Tribunal como único acusado, según ha solicitado la Fiscalía.
