José Torres, miembro de la Comisión de Seguridad, Emergencias y Sanidad de la Plataforma del Municipio de Haría (PMH), ha denunciado que la reciente firma de un convenio autonómico en materia de emergencias por parte del Gobierno de Canarias "vuelve a situar en el centro del debate político y jurídico la gestión de los servicios públicos de seguridad y emergencias" en Lanzarote y La Graciosa.
Así, Torres ha indicado que "mientras la ciudadanía desconoce los verdaderos criterios técnicos, económicos y jurídicos utilizados para justificar este tipo de acuerdos", el Ejecutivo autonómico y el Cabildo de Lanzarote "continúan consolidando estructuras operativas externas mediante fórmulas administrativas que podrían estar evitando los principios de publicidad, concurrencia e igualdad" recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
En un comunicado de prensa, ha advertido de que "resulta especialmente grave" que este nuevo movimiento político-administrativo se produzca "existiendo ya denuncias y actuaciones remitidas a Fiscalía relacionadas con contratos, prórrogas, ampliaciones territoriales y posibles duplicidades de servicios" en el ámbito de emergencias y rescates en Lanzarote y La Graciosa.
En este sentido, ha señalado que el convenio publicado por el Gobierno de Canarias "reconoce activaciones operativas, coordinación desde el CECOES 1-1-2, participación en emergencias ordinarias, preventivos de eventos públicos y cobertura económica de desplazamientos, alojamientos e indemnizaciones". Sin embargo, ha indicado que "simultáneamente intenta excluirse expresamente de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público".
De este modo, ha indicado que la pregunta que se hace "gran parte de la ciudadanía" es: "¿Con qué informes técnicos y jurídicos se justifica seguir ampliando este modelo mientras existen investigaciones abiertas y serias dudas sobre la posible continuidad encubierta de servicios públicos bajo distintas fórmulas administrativas?".
En este sentido, ha señalado que Lanzarote no puede convertirse en "un laboratorio político donde se sustituyan procedimientos públicos transparentes por convenios, prórrogas y acuerdos sucesivos realizados a espaldas de la ciudadanía".
Mientras ha recordado que "la seguridad y las emergencias son servicios esenciales". Y precisamente por ello deben "gestionarse bajo los máximos principios de transparencia, control público, fiscalización y legalidad". A lo que ha añadido que la ciudadanía merece saber quién toma estas decisiones, bajo qué criterios, quién se beneficia políticamente y por qué se siguen impulsando "estructuras paralelas mientras continúan sin aclararse las irregularidades denunciadas ante Fiscalía".
"La transparencia no puede ser selectiva y la legalidad tampoco", ha concluido.
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