La gente se queja de que la Ley de Dependencia no funciona, ¿qué opina usted?
La efectividad de la ley mejorará cuando tenga unos años y tenga finalmente la financiación adecuada para gestionarla, porque en estos momentos ha nacido la ley sin tener la financiación. Cada año se van poniendo unas cantidades determinadas en los presupuestos, cuando debemos saber que la Ley de Dependencia es la cuarta prioridad en Bienestar Social y por lo tanto es como la sanidad y la educación. En estos casos no estamos cada año mirando cuánto podemos poner, sino que ya tiene la financiación adecuada, cuando eso ocurra así con esta ley será más fácil.
¿Se está gestionando peor esta ley en Canarias que en otras comunidades?
En estos momentos lo único que sucede en Canarias es que hay ciudadanos atendidos por una prestación económica por la Ley de Dependencia y otros, la inmensa mayoría, atendidos por los Planes de Canarias, por lo tanto están atendidos de una forma u otra.
¿Cuáles serán las principales consecuencias de la aplicación de ese plan?
Donde más se va a notar la implantación del futuro plan es en que podremos acreditar a todas las instalaciones privadas que hay en Canarias y las vamos a poder aglutinar también para la dependencia, porque de aquí a que construyan todas las plazas que se necesitan desde el punto de vista público pasarán unos cuantos años. Entonces vamos a aprovechar todo lo que ya hay construido y todas las plazas privadas que hay en estos momentos, muchas de ellas están vacías, por el coste económico que supone a las familias y las vamos a incorporar al plan de dependencia si así lo quieren, que sabemos que es así. Así que vamos a tener más recursos.
¿Cómo se decide cuánto se da a cada comunidad autónoma?
Hay varios criterios, uno de ellos es el número de población dependiente de la comunidad. Cabe decir que Canarias no está de acuerdo con los criterios que se siguen. Hay un criterio que nosotros queremos que pese mucho como es el caso del de la insularidad porque no es lo mismo tener recursos en un lugar muy poblado que tener que poner esos recursos en sitios como La Gomera o el Hierro que son islas de 20.000 o 12.000 habitantes. No es lo mismo que los equipos de valoración se trasladen en un territorio donde van en metro que en un territorio donde te mueves en avión. Y hay un criterio que es totalmente injusto e insolidario, y es que sobre la insularidad prima el territorio, es decir la extensión territorial. Eso es absolutamente impensable porque así se benefician comunidades muy largas sin tener nada que ver con el número de habitantes.
¿Cómo valora usted entonces la ley?
Yo creo que al final irá bien, Canarias cree en esta ley y cree que es buena en cuanto que le da un derecho a la gente y es muy positivo que tengamos ese derecho. Otra cosa es el cómo se ha implantado, pero vamos a arrimar todos el hombro, de ahí ese Plan Canario de la Dependencia donde Canarias va a poner a disposición de la ley todas las infraestucturas que tenemos en Canarias sin mirar que las hemos construido nosotros, porque sí creemos que vale la pena apostar por esta ley.
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