Según explicaba esta mañana el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, la demanda ya ha sido presentada, aunque tenían como plazo hasta el próximo viernes. En el documento presentado ante la Audiencia Provincial se exponen seis motivos por los que Inalsa cree que ese laudo no se ajusta a derecho.
Los motivos que alega el Cabildo en su demanda, son el incumplimiento por parte de la UTE Edam Janubio del convenio arbitral, evitando llegar a un mutuo acuerdo y nombrando como árbitro a su propio abogado, que además fue condenado por estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional. También exponen que Inalsa se vio indefensa porque la demanda de la UTE no fue notificada a la empresa de aguas y además la cambió en el último momneto. Para terminar alegan que tanto el laudo como el contrato incumplen el Derecho Comunitario y recuerdan que existe un procedimiento contencioso-administrativo por el incumplimiento de contrato por parte de la empresa constructora, del que aún no hay sentencia, aunque el Cabildo confía que será favorable a Inalsa.
El próximo lunes los servicios jurídicos del Cabildo se reunirán con la Comisión Informativa de Aguas y con el Consejo de Administración de Inalsa para explicar los pormenores de la demanda presentada y los seis motivos que alegan para que la Audiencia suspenda el laudo.
Después de que la Cámara de Comercio de Las Palmas rechazara los dos recursos interpuestos por Inalsa para la anulación del laudo, los servicios jurídicos recurren a la Audiencia Provincial, que podría suspender el laudo basándose en posibles defectos de forma durante el proceso de arbitraje. Si finalmente la Audiencia suspende el laudo, la causa debe volver a la Corte de Arbitraje para que emita un nuevo laudo, que no necesariamente tiene que ser contrario al anterior.
El laudo tiene una validez equivalente a una sentencia judicial por lo que sólo podría quedar sin efecto si el Tribunal Constitucional considera que el dictamen de la Corte de Arbitraje incumple derechos básicos.
