Los administradores concursales de Inalsa han iniciado una campaña contra el fraude doméstico en el consumo de agua. La empresa está enviando notificaciones a los vecinos en las que se les pide que demuestren que residen en la dirección a la que les llega la factura en un plazo de veinte días.
La empresa señala en esa carta que "con el objetivo de actualizar nuestra base de datos se le requiere para que en el plazo de veinte días hábiles aporte el usuario de la acometida certificado de residencias vigente emitido por el Ayuntamiento en el cual la dirección de la residencia ha de coincidir con la de la acometida".
"Si transcurrido dicho plazo ?señala la carta? no obtuviéramos respuesta satisfactoria, su tarifa de agua doméstica se modificará a tarifa de agua industrial-turística". La tarifa doméstica oscila, según el consumo, entre 0,60 y 3,35 euros el metro cúbico, mientras que la industrial cuesta 2,69 euros el metro más una cuota de entre doce y doscientos euros, según el calibre del contador. La subida media para un vecino supondría unas tres veces más de lo que paga hasta ahora.
Los administradores judiciales de la compañía de aguas, con unos cuarenta millones de euros de deuda, pretenden luchar contra el fraude de comercios y empresas que podrían estar pagando la tarifa doméstica. En mayo pasado ya iniciaron otra campaña "por facturas impagadas y por defraudaciones por enganches o manipulaciones ilegales a las redes de distribución".
ACN Press
