Una pieza separada del caso "Unión" ha dejado cinco nuevos imputados, entre los que se encuentran el ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez (que ya estaban imputado en otras piezas de esta misma causa), el interventor Carlos Saénz, el tesorero, Antonio Cabrera Panasco, y el técnico de Festejos, José Nieves Caraballo.
Los cuatro están también imputados en el caso "Montecarlo" por hechos muy similares (aunque el en caso de Cabrera Panasco, la Fiscalía no comparte el criterio de la juez y ha recurrido la imputación) y ahora deberán responder también en una pieza del caso "Unión", por presunta malversación de fondos y otros delitos.
Junto a ellos, el Juzgado ha imputado también al empresario que recibió esos pagos, al entender que cobró por servicios no prestados. Se trata de José Daniel Hernández Arráez, de la empresa Proyectos y Servicios Lanzarote (Proselan), que a su vez fue candidato en las listas electorales del Partido Nacionalista de Lanzarote en el año 2007.
Las facturas bajo sospecha se emitieron entre los años 2008 y 2009, cuando el PSOE y el PIL gobernaban en Arrecife. En total, la empresa de Hernández Arráez facturó más de 350.000 euros al Ayuntamiento, por trabajos que supuestamente no se llegaron a prestar y que, en algunos casos, fueron realizados por el propio Consistorio. Así lo sostienen informes técnicos del Ayuntamiento, que llevó este caso a los tribunales tras estallar la Operación "Unión".
En este momento, y tras romper el pacto con el PIL, el grupo de gobierno en minoría del PSOE paró los pagos que quedaban pendientes a esa empresa (hasta ese momento había cobrado 240.000 euros, de los 350.000 que había facturado) y acudió a la Fiscalía.
Las 14 facturas investigadas
En total, José Daniel Hernández y Proselan emitieron 14 facturas que se investigan en esta pieza, correspondientes a varias fiestas de los barrios de Arrecife, así como a los actos del Carnaval. Cada una de estas facturas oscila entre los 23.000 y los 27.000 euros y la descripción de los trabajos es siempre la misma: "trabajos realizados de montaje (o desmontaje) de líneas, postes, proyectores, cuadros y accesorios en las fiestas" del barrio correspondiente, aunque sin detallar exactamente en qué consistían los trabajos.
Además, las facturas no se tramitaron a través del área de Festejos, sino que fue la Concejalía que ocupaba entonces José Miguel Rodríguez la que se encargó de reconocerlas.
Según los informes de técnicos municipales que recabó el PSOE antes de acudir a los Juzgados, los trabajos realmente no se prestaron. De hecho, el técnico del área señaló en su informe que para las fiestas de los barrios no se contrataban empresas de electricidad, porque "no requieren mucho montaje" y se encargaba "el departamento de alumbrado de la institución", y las de los Carnavales corrieron en realidad a cargo de otras dos empresas de electricidad, que fueron contratadas para ello.
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