El convenio alcanzado entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Haría para poner fin al pleito de la Cueva de Los Verdes "no tiene valor judicial" ni es "una ejecución de sentencia". Eso es lo que han afirmado este viernes el alcalde del municipio, Marci Acuña (CC), y el teniente alcalde, José Pérez Dorta (Somos Lanzarote), durante una rueda de prensa convocada para valorar el informe jurídico encargado por el Consistorio, cuyo contenido fue adelantado esta semana por La Voz de Lanzarote.
"Para que el convenio tenga valor judicial, tiene que ser el juez el que le dé validez", ha señalado Acuña, que no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que lleva meses afirmando que los tribunales ya dieron por bueno ese convenio y que considera zanjado y resuelto el conflicto entre ambas administraciones por la Cueva. "De las opiniones del presidente no opinamos", se ha limitado a responder Marci Acuña al preguntarle por las palabras de su compañero de partido.
En cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora, ha señalado que este sábado el Pleno tomará conocimiento del informe jurídico y que después se llevarán a una siguiente sesión plenaria las medidas a adoptar, es decir, si se sigue o no el "camino marcado" por ese informe. Entre otras cosas, el dictamen jurídico señala que se saltaron trámites obligados para aprobar el convenio, que no está homologado por los tribunales y que podría ser "lesivo" para el Ayuntamiento, ya que ni siquiera reconoce una indemnización al Consistorio, pese a la sentencia que obligaba al Cabildo a pagarle unos "15 millones de euros", según la valoración que realiza el propio informe.
"Tenemos nuestra conciencia tranquila"
"Tenemos nuestra conciencia tranquila. Todo se hizo amparado en la legalidad", ha defendido el alcalde, que al igual que Dorta ha dedicado la mayor parte de su intervención a defender la aprobación en su día de ese convenio que ahora quieren revisar. "Si alguien considera que hemos cometido algún delito, que vaya a Fiscalía", ha sentenciado Acuña en respuesta a las críticas lanzadas por la oposición, que ya advirtió en su momento de que el acuerdo era perjudicial para el Consistorio.
"Créanme que es una de las cuestiones más complejas a las que les hemos tenido que hacer frente", ha defendido Marci Acuña, que ha insistido en que intentaron conjugar los "intereses de Haría" con su objetivo de que "no se perdiera el diálogo institucional" con el Cabildo.
En cuanto al otro punto más crítico del informe, que señala que el acuerdo ni siquiera recogió una indemnización a Haría, tanto Acuña como Pérez Dorta han defendido que negociaron "con la mejor voluntad" y que entienden que fue un "buen acuerdo" en ese momento, aunque al mismo tiempo han vuelto a hablar de su intención de introducir "matices" en el texto. Esa opción se viene planteando desde hace meses por parte del Ayuntamiento pero, tal y como han vuelto a confirmar este viernes, se han encontrado con la negativa de Pedro San Ginés a revisar el acuerdo.
El primer paso, solicitar la autorización que no se pidió en su día
Ahora, según afirman, aún deben decidir qué pasos se adoptarán y han detallado los que recomienda el informe, que ya fueron publicados por La Voz. El primero es intentar "convalidar" el convenio cumpliendo con un trámite que se saltaron en su momento, tal como advierte el dictamen jurídico. Concretamente, señala que debieron pedir autorización al Gobierno de Canarias para aprobarlo, dada la "magnitud económica" que tenía el acuerdo y lo que suponía para el Consistorio.
En caso de superarse ese escollo, el informe propone remitir el convenio al Juzgado que dictó la sentencia de primera instancia, que ya es firme, para ver si puede ser homologado. Al respecto, Pérez Dorta ha defendido que será ahí cuando podrán aportarse los informes que el juez "considere oportunos". Así ha respondido a la pregunta de por qué no solicitaron un informe económico antes de aprobar el convenio, tal y como había pedido que hicieran la propia interventora del Ayuntamiento.
Precisamente, la funcionaria planteó en un informe que "con carácter previo a la adopción del acuerdo" debía incorporarse al expediente un dictamen económico que acreditara que el acuerdo "no resulta lesivo a los intereses municipales". Pese a esa advertencia que no se cumplió, tanto Acuña como Pérez Dorta han insistido este viernes en que el informe de la interventora fue "favorable". Sin embargo, a lo que informaba de forma "favorable" la funcionaria era a la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, pero sin avalar el acuerdo en sí que se había alcanzado, ya que explicaba que no le habían dado tiempo para analizarlo y que se debía contar con informes económicos. Aún así, el convenio se aprobó esa misma semana en el Pleno, con los votos en contra de toda la oposición y el apoyo del grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y Somos Lanzarote.
"No pactaron cantidad alguna por daños y perjuicios"
Ahora, el informe jurídico encargado por el Consistorio tras el fallo del TSJC que declaró firme la sentencia de primera instancia advierte precisamente de esa posible lesividad para el Ayuntamiento. "Resulta claro que las partes no pactaron cantidad alguna en concepto de daños y perjuicios que se reconoció a favor del Ayuntamiento de Haría en la sentencia de febrero de 2015", señala el informe.
Al respecto, aclara que el canon que el Cabildo se compromete a pagar a Haría por la explotación de la Cueva no puede entenderse como una indemnización, ya que "en ningún caso las partes hicieron referencia" a ello en el acuerdo, a lo que suma que el mismo sistema de cánones se aplica en Tinajo, por lo que "obedece exclusivamente a la renta o precio fijado por las partes para la explotación turística de dichos Centros".
En cuanto al Plan Específico de Desarrollo del Municipio que se incluyó en ese convenio -por el que el Cabildo se comprometía a invertir 6 millones de euros en Haría en los próximos 10 años-, el informe señala que "dados los términos de la cláusula, cabe destacar que dicho pacto parece responder a una declaración de intenciones", ya que se establecía que el Cabildo financiaría las obras "en la medida de sus posibilidades". Además, cuestiona que ni siquiera se establecía una cantidad fija, al señalar que "el importe estimado se determinaría cada año atendiendo a las prioridades municipales" y que esas "prioridades" serían "objeto de acuerdos" posteriores.
Defienden los "beneficios" para el municipio
Pese a la contundencia del informe en este punto, el alcalde y el teniente alcalde han vuelto a defender el acuerdo y los "beneficios" que afirman que ya está trayendo al municipio, entre los que han incluido la compra de la Casa del Cura firmada la pasada semana por el Cabildo por valor de 600.000 euros.
Sin embargo, mientras han enumerado las inversiones y obras previstas en virtud de ese acuerdo, han reiterado que no está "homologado" ni supone la "ejecución de la sentencia", remitiendo a las próximas semanas o a los próximos meses la decisión que adoptará el Ayuntamiento.
Una de ellas, que aparece también como propuesta "alternativa" en el informe jurídico, sería solicitar directamente la ejecución del fallo en sus términos estrictos, aunque el dictamen se inclina por iniciar antes el procedimiento para anular el convenio. Para ello deberían pedir primero un informe al Consejo Consultivo de Canarias o iniciar un expediente para declarar que el acuerdo es lesivo para el Ayuntamiento.
